El Gobierno se muestra más convencido que nunca de que habrá Presupuestos nuevos para 2025. Tras meses de reveses, con una votación perdida por la senda de déficit y la segunda prorrogada —aún pendiente de fecha—, el Ministerio de Hacienda ha avanzado en las negociaciones con los partidos independentistas, el principal obstáculo para aprobar unas nuevas cuentas en el Congreso de los Diputados, según ha podido saber Confidencial Digital de fuentes gubernamentales.
El optimismo que arroja el Ejecutivo se basa en dos pilares: los congresos de los partidos, prácticamente, han terminado, y las negociaciones para aprobar la reforma fiscal han aclarado y acercado las posturas entre unos socios y otros. Aun así, Hacienda mantiene que no presentará las nuevas cuentas si no tiene garantizado esquivar una enmienda a la totalidad, como adelantó ECD.
Junts revalidó el liderazgo de Carles Puigdemont. Aunque existía la posibilidad de que se alzase alguna alternativa al expresident, su poder continúa siendo absoluto dentro de la formación. Todos los pasos de Junts en esta legislatura los ha orquestado desde Bélgica y los resultados de las últimas elecciones catalanas fueron el impulso definitivo para reafirmar al máximo dirigente del Govern en el referéndum del 1-O.
Esquerra Republicana ha dado una victoria casi absoluta —48% de los votos— a Oriol Junqueras en la primera vuelta que, si se cumplen los pronósticos, confirmará en la segunda. Aún puede suceder que las candidaturas alternativas dobleguen a Junauqeras, pero sería una auténtica sorpresa para los propios republicanos.
Dentro del partido, todos dan por hecho que continuará al frente de la formación.
Estos congresos estaban marcados en rojo por Moncloa. Las cúpulas de los partidos independentistas están sometidas a un doble yugo: el de la militancia y el del electorado. Cada decisión en Madrid está totalmente meditada para causar el menor daño al partido y que no se interprete como una traición al proyecto independentista.
Por eso, revalidar los liderazgos libera a la cúpula de parte de esa presión, y permite negociar con mayor soltura en la Cámara Baja. A esto se suma que los socialistas también han clausurado el 41 Congreso Federal encumbrando una vez más a Pedro Sánchez como secretario general.
La otra clave, y más importante, ha sido la negociación para la reforma fiscal. El Gobierno, aprovechando una directiva europea de obligada trasposición sobre el impuesto mínimo a las grandes fortunas, introdujo vía enmienda una serie de cambios fiscales que ha venido a denominar "reforma".
La Comisión Europea exigió a España que impulsase una reforma fiscal para obtener el visto bueno en la entrega de fondos comunitarios, y el Ejecutivo consiguió matar dos pájaros de un tiro al ganar la votación la semana pasada: aprobar los retoques impositivos y la tasa mínima a la riqueza.
Los socios más a la izquierda del Ejecutivo consideran que se queda corta y, en privado, la califican de "reformita". En realidad, Moncloa ha movido la fiscalidad lo justo para que Bruselas la considere una reforma y continúe aportando los fondos europeos previstos para España.
Sin embargo, más allá de la profundidad de las modificaciones en impuestos, estas semanas de votaciones han permitido al Gobierno abordar la cuestión más compleja de todas: la fiscalidad. Es la materia que más divide a los grupos parlamentarios socios del Ejecutivo. Por un lado, Junts y el PNV tienen posturas más conservadoras y liberales, reacias al aumento de las tasas impositivas. Al contrario que ERC, EH Bildu o el BNG.
En Hacienda consideran que todas las horas de conversaciones para aprobar la reforma fiscal, han permitido aclarar posturas en una cuestión clave para los Presupuestos. Ambas materias —fiscalidad y las cuentas del Estado— responden a lo mismo: el proyecto económico para los territorios. Una cuestión clave para todas las formaciones nacionalistas e independentistas.
El proyecto de ley de Presupuestos supone la norma más importante de cada año y con mayor carga ideológica. ERC, Junts, Bildu, PNV... exigirán cuestiones distintas en materia económica, en Moncloa son conscientes de ello, pero confían más que nunca en llegar a un punto medio que permita acordar con partidos de uno y otro lado del arco parlamentario.
