Prácticamente un año después de que los primeros vertidos de microplásticos en forma de pequeñas perlas de hasta cinco milímetros, denominadas pellets, comenzasen a llegar en gran cantidades a las costas gallegas, asturianas y cántabras, la Xunta Galicia afirma que presentará un recurso de alzada para que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico asuma el coste contraído por la administración autonómica en respuesta al incidente. Desde la playa de Queiruga, en Porto do Son (La Coruña), donde todavía se pueden encontrar estos microplásticos, -aunque en menor medida a las semanas posteriores a que el contenedor que transportaba estos pellets cayese al mar frente a la costa portuguesa- la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, denunció la falta de acción por parte del Gobierno central , reclamando información sobre el estado de las reclamaciones por daños ambientales y los costes derivados de la limpieza y vigilancia de las playas . «La Xunta de Galicia sigue sin obtener ningún tipo de respuesta oficial en relación con lo que sucedió», indicó Vázquez, que recriminó al Ejecutivo central y, concretamente, al Ministerio de Transición Ecológica, que no se activase el Plan Nacional de Contingencia ante una contaminación marina que afectó a más de una comunidad autónoma. «Por lo tanto, presentaremos ese recurso de alzada al tiempo que estamos en negociaciones extrajudiciales también con representantes de naviera porque no podemos permitir que algo totalmente ajeno a nuestras competencias lo acaben sufragando los gallegos y las gallegas», afirmó la conselleira. Un coste para la Xunta que Vázquez cifró en 2,4 millones de euros tras el operativo desplegado por la administración autonómica, que contó con 400 personas y permitió la recogida de 3.600 kilos de los 5.000 que pudieron ser extraídos de las playas con la colaboración de los concellos y voluntarios que acudieron tras notificarse el vertido. Según informó la conselleira, los residuos fueron almacenados ante una posible reclamación por parte de la naviera que finalmente no se produjo, para posteriormente trasladarlos a las instalaciones de Sogama para su valoración. «Lo que sucedió demuestra que la Xunta de Galicia actuó con celeridad y responsabilidad frente a un inmovilismo total y absoluto del Gobierno central y con gran irresponsabilidad . Irresponsabilidad que continúa a día de hoy», afirmó Vázquez, que criticó a los ministerios de Transportes y Transición Ecológica por «pasarse la pelota» de uno a otro para evitar la asunción de responsabilidades. La titular de Medio Ambiente aprovechó la ocasión para anunciar que desde el Ejecutivo gallego elevarán la problemática a Bruselas a finales de año, en representación «de todas las comunidades autónomas» afectadas para instar a un endurecimiento de la legislación correspondiente al transporte marítimo que cuente con este tipo de materiales para que «se haga de forma más responsable». El objetivo final no es otro que sea la «última vez que -este tipo de vertidos- puedan llegar a nuestras costas», apostilló Vázquez. Mientras, seis de los contenedores que transportaba el buque Toconao permanecen ocultos a 80 kilómetros de la costa de Viana do Castelo (Portugal). Además de pellets, transportados en uno de los contenedores, bajo el mar se encuentra también rollos de plástico film, neumáticos, bidones de salsa de tomate, palanquillas y otros productos de aluminio. Tras la recogida inicial de los microplásticos, los agentes medioambientales en colaboración con los concellos continúan vigilando las playas ante la llegada de más pellets, como aseguró Vázquez, aunque en la actualidad, la cantidad de este material en la costa es «mínima» y «nada tienen que ver» con la carga del Toconao, por lo que corresponden a otros vertidos.
