La Guardia Civil ha constatado que entre el FC Barcelona y las sociedades vinculadas al exvicepresidente de los árbitros José María Enríquez Negreira y su entorno subyacía "un patrón claro de transferencias financieras". La "magnitud y frecuencia" de esos pagos -mantiene en un informe al que ha tenido acceso LA RAZÓN remitido al juez Joaquín Aguirre-, que fija en 8.389.599, 73 euros, unidos a "salidas de dinero en forma de cheques y retiradas de efectivo" apuntan a una "intención deliberada y fraudulenta de obtener beneficios no justificados" bajo el pretexto de una actividad mercantil. La Guardia Civil ha identificado 135 transferencias al entorno del exvicepresidente de los árbitros entre 2003 y 2018, unos pagos que -subraya- la investigación ha demostrado "de manera objetiva".
En ese voluminoso informe de 162 páginas, el Instituto Armado cuestiona además la imparcialidad de las evaluaciones del Comité Técnico de Árbitros (CTA) en esas fechas. Y lo hace tras poner de relieve que Negreira utilizaba como "intermediario financiero" al entonces informador arbitral del CTA José Martínez Alfonso (amigo del ex "número dos" de los árbitros y antiguo linier), algo que la Guardia Civil considera "incongruente" dado que se encargaba, aseguran los agentes, de retirar cheques de empresas de Negreira y su entorno -Nilsad y Dasnil, que se nutrían de ingresos del FC Barcelona- al mismo tiempo que "simultáneamente" ejercía esas funciones para el CTA, "demostrando una existencia de subordinación respecto al entonces vicepresidente arbitral. Esta "dualidad de roles", mantiene el Instituto Armado, "pone en cuestión la transparencia de las propias actividades financieras y, además, compromete su propia imparcialidad de las evaluaciones arbitrales realizadas".
El informe le considera, de hecho, el "nexo de unión" entre los "flujos económicos" procedentes del FC Barcelona, "vehiculizados" a través del entramado societario de Negreira, y "transacciones con origen en la estructura federativa nacional autonómica (RFEF, comité técnico de árbitros y FC Barcelona) por sus funciones y cometidos de valoración arbitral". De hecho, mientras mantuvo esa relación comercial "sin justificación laboral alguna" con Negreira percibió de esas tres entidades al menos 6-142,09 euros "por realizar informes arbitrales, informes con los que se evalúa a los árbitros".
Aguirre investiga la supuesta comisión de delitos de cohecho, corrupción en el deporte, administración desleal y falsedad documental a raíz de los pagos efectuados por el Barça a Negreira y su hijo, Javier Enríquez. Ambos están imputados, al igual que el club azulgrana como persona jurídica, Joan Laporta y sus antecesores Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, entre otros.
Los pagos del club azulgrana, mantiene la Guardia Civil, presentan "una opacidad económica significativa" que se plasma en la "dificultad para rastrear el flujo real de los fondos", hasta el punto de que no se ha podido determinar "el motivo real por el que se efectuaron los pagos". Los agentes estiman que de al menos 3,2 millones de euros ingresados por el Barça a Negreira y su entorno "no se ha podido obtener su trazabilidad", es decir, que se desconoce dónde han ido a parar.
EL informe concluye que los pagos del Barça a Negreira se duplicaron sin causa justificada durante el primer mandato de Laporta (2006-2009) -pasando de 67.625 euros en 2004 a 364.954 en 2008- y bajo la presidencia de Sandro Rosell de 2010 a 2013 (sumando en 2010 777.607 euros).
El dictamen policial apunta asimismo a que entre 2013 y 2018 Negreira y su entorno "establecieron una operativa financiera inusual ajena al tráfico mercantil habitual" que consistió en "interponer" entre el FC Barcelona y el entramado societario del entonces vicepresidente arbitral la figura del exdirectivo blaugrana Josep Contreras, ya fallecido, "como intermediario" a través de sociedades administradas por el abogado José María Molinario, que habría ejercido funciones de "testaferro" con el propósito de "desvincular sus respectivos nombres de la operativa". Contreras fue directivo del Barça bajo la presidencia de Josep Maria Bartomeu, señalan los agentes, "lo que podría haber facilitado el común acuerdo de llevar a cabo este modus operandi".
La Guardia Civil considera un "indicio significativo" de las supuestas conductas delictivas investigadas "la aparente anomalía e incongruencia" que representa que el club azulgrana "haya efectuado pagos al vicepresidente del CTA bajo el pretexto de asegurar la neutralidad en las decisiones de dicho organismo". Dado que -subraya- el comité arbitral "debe mantener una gestión y adoptar decisiones neutrales dentro de su ámbito de responsabilidad" no se justificarían los pagos de un club "que participe en la competición deportiva con el fin de garantizar la mencionada neutralidad".
