El presidente de la República, Rodrigo Chaves, retiró el apoyo y descalificó el proyecto de Ley de Ejecución de la Pena (expediente 24019), pese a que su propio gobierno lo impulsó en la Asamblea Legislativa. Incluso, la jefa de fracción oficialista, la diputada Pilar Cisneros, defendió la iniciativa y la votó a favor en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
En la conferencia de prensa de este miércoles 4 de diciembre, Chaves aseguró que decidió desconvocar el proyecto de ley porque es “un mamotreto” creado por la diputada independiente, Gloria Navas, y la presidenta de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano.
“Si lo aprueban, yo lo veto, búsquense otros 38 diputados”, afirmó el mandatario.
Esta iniciativa obtuvo un dictamen afirmativo unánime en la Comisión de Seguridad a inicios de octubre; el proyecto avanzó gracias a un consenso alcanzado entre los tres poderes de la República.
Hace dos meses, el 3 de octubre, Pilar Cisneros apoyó abiertamente la propuesta. “Desde el 2015 la Sala Tercera había advertido sobre la necesidad de aprobar esta ley y, sin embargo, no ha sido posible. Han pasado casi diez años y yo veo que hay una gran coincidencia en la necesidad absoluta de aprobarla”, declaró la legisladora de gobierno en esa ocasión.
El objetivo del proyecto 24019 es regular la ejecución de las penas impuestas a los condenados, tanto en el sistema penitenciario como en el régimen semiinstitucional (cuando la persona sale de la cárcel mediante beneficios condicionados). La norma remplazará el esquema fragmentado actual, en el que alrededor de 10 normas del Código Penal regulan el cumplimiento de las sentencias.
Por ejemplo, se establecerían las siguientes normas:
-Para sentencias de hasta un año de prisión, la valoración inicial para determinar la ubicación del condenado debe realizarse en el primer mes, a partir de su ingreso al sistema penitenciario.
-Para sentencias de entre un y cuatro años, esta valoración debe llevarse a cabo en los primeros dos meses.
-Para sentencias de entre cuatro y doce años, se establecerá un plazo de tres meses.
-Finalmente, para sentencias de más de doce años, el plazo se extenderá a seis meses.
El 26 de noviembre, el presidente Rodrigo Chaves decidió desconvocar la iniciativa. La diputada Gloria Navas, una de las proponentes de la iniciativa, advirtió que Chaves sacó el proyecto de la agenda después de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que encargaría un diagnóstico del sistema penintenciario costarricense.
El proyecto fue planteado por ocho diputados, entre ellos Jorge Antonio Rojas y Alexander Barrantes, ambos del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Sin embargo, ahora Chaves alega que se trata de un proyecto de Gloria Navas, la magistrada Solano “y otros alcahuetas de los criminales para embarrialar más la cancha”.
El mandatario incluso habló de que se quiere beneficiar a “jueces en el anonimato”, lo cual no existe, pues los jueces firman sus sentencias.
Luego de que el proyecto se votó afirmativamente en la Comisión de Seguridad, el legislador Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR), afirmó que se trataba de un legado histórico.
“Estamos dejando, con esta votación que acabamos de hacer, una huella imborrable. Estamos haciendo historia, porque con esta iniciativa de ley saldamos una deuda histórica con el derecho penal, con la justicia y con los costarricenses, en momentos donde precisamente el país atraviesa pues la peor crisis de inseguridad, donde enfrentamos una verdadera batalla contra el crimen organizado y la delincuencia. Proyectos como este son más que necesarios”, aseguró Alvarado.
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Tras ser aprobado en comisión, el expediente pasó al orden del día del plenario de la Asamblea Legislativa, y estaba listo para ser debatido. Sin embargo, con la desconvocatoria, la iniciativa quedó congelada y salió de la agenda.
Durante el periodo de sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de incluir y excluir proyectos de la agenda de la Asamblea Legislativa. Ahora, los diputados deberán esperar hasta las sesiones ordinarias, que comienzan en febrero del 2025, para convocarlo, si se logra un acuerdo entre las jefaturas de fracción.
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