El presidente justificó el adelanto electoral de junio como una medida de "clarificación", pero el resultado ha sido una crisis política
La Asamblea francesa tumba a Barnier y evidencia el fracaso del Gobierno de Macron
La caída de Michel Barnier y de su gobierno marca el último capítulo de una secuencia política que se abrió el pasado 9 de junio. Las elecciones al Parlamento Europeo certificaron un triunfo claro de la extrema derecha en Francia y un importante retroceso del bloque de Emmanuel Macron. Para sorpresa general, el presidente anunció esa misma noche la disolución de la Asamblea y la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas, en virtud de una “clarificación necesaria”.
“No hay nada más acorde con los valores de la República francesa que dar la palabra al pueblo soberano”, afirmó entonces. “Es mejor que cualquier arreglo político, que todas las soluciones precarias”.
En la primera vuelta de aquellos comicios la extrema derecha confirmó los resultados obtenidos en las europeas y volvió a acabar en cabeza. Pero la activación de un pacto electoral entre los partidos de centro y el Nuevo Frente Popular (NFP), además de la importante movilización, consiguieron impedir una mayoría de extrema derecha en la Asamblea Nacional.
Sin embargo, el resultado de esa “clarificación” buscada por el presidente fue una fragmentación parlamentaria inédita en el actual sistema francés, con la Asamblea dividida en tres grandes bloques incapaces de llegar a acuerdos (193 diputados el NFP, 166 del bloque de Macron y 142 de la extrema derecha).
Pasadas las elecciones, Macron ignoró los llamamientos del NFP para nombrar primera ministra a la candidata común de la alianza progresista, Lucie Castets, y acabó eligiendo al conservador Michel Barnier, pese a que su partido no había participado en el frente republicano contra la extrema derecha.
Macron justificó entonces su decisión explicando que, con el apoyo del bloque centrista y los 47 escaños de la derecha, Barnier contaría con una base de más de 200 diputados en la Asamblea, superior en número al NFP (además de la mayoría del Senado).
Pero lo cierto es que sin otras fuerzas políticas que respaldasen al Gobierno, esa mayoría se quedaba lejos de los 289 escaños necesarios para sacar adelante los textos presupuestarios o resistir una moción de censura. La supervivencia de Barnier quedaba, pues, supeditada a que los otros bloques no votasen juntos contra él, como finalmente ha ocurrido este miércoles.
Como consecuencia de la moción de censura, Barnier debe presentar su dimisión y la de su gobierno a Emmanuel Macron, que tendrá que nombrar un nuevo primer ministro. La Constitución francesa no pone límites ni plazos al presidente para elegir un jefe de Gobierno. Dada la actual situación parlamentaria, encontrar un candidato que no sea rechazado por dos de los tres grandes bloques es una tarea particularmente difícil.
De entrada, el fracaso de Barnier subraya los límites de una coalición entre el centro y la derecha y los riesgos de confiar la estabilidad a la abstención de Marine Le Pen. Entre los nombres que circulan estos días en la prensa hay varios perfiles similares al de Barnier, políticos de derechas (como el exministro de Economía Bruno Le Maire) pero no hay ninguna razón para pensar que su suerte sería diferente a la de Michel Barnier.
Otra opción sería el nombramiento de un político progresista capaz de gobernar con los votos del NFP y de, al menos, una parte de los diputados centristas. Pero el rechazo mutuo de los centristas y Francia Insumisa a cualquier alianza parlamentaria, además de la negativa de Emmanuel Macron a nombrar un Gobierno que pueda poner en riesgo la reforma de las pensiones que aprobó el año pasado, suponen dos obstáculos difíciles de salvar.
Francia Insumisa (LFI), formación con más diputados (71) en el NFP, mantiene desde un principio una línea de conducta clara, en el fondo y en la forma: sólo aceptarán un primer ministro salido del NFP que se comprometa a la aplicación de su programa de ruptura. En paralelo, el partido de Jean-Luc Mélenchon quiere aumentar la presión sobre Emmanuel Macron y multiplica las llamadas a la dimisión del presidente.
“Nos encontramos en una situación de bloqueo político, la dimisión de Emmanuel Macron resolvería esta situación. Esta idea está ganando terreno”, ha asegurado este miércoles el coordinador de LFI, Manuel Bompard.
El Partido Socialista, la otra gran fuerza del NFP (66 diputados), no comparte las posiciones de LFI y tampoco es favorable a pedir la dimisión del presidente. “Ya hemos vivido la locura de la disolución del Asamblea, ¿vamos a repetir esa hazaña abriendo una campaña presidencial, que la Constitución fija en un máximo de treinta y cinco días, en un momento en que la amenaza de la extrema derecha está todavía en su punto álgido?”, se preguntaba el miércoles por la mañana Olivier Faure, secretario general del Partido Socialista en una entrevista en televisión.
“Además, una elección presidencial anticipada no cambiaría el equilibrio de poder en la Asamblea, que no puede ser disuelta de nuevo antes de julio”, añadió Faure. Otro de los líderes socialistas, Boris Vallaud, evocaba hace unos días un posible acuerdo de mínimos pactado con el partido de Emmanuel Macron, una propuesta muy criticada por los miembros de LFI.
“LFI finge no comprender que no se trata de una plataforma programática común con la derecha, sino de nuestra renuncia a utilizar el 49.3 a cambio de un acuerdo para que no voten una moción de censura”, explicó Faure en la misma entrevista del miércoles.
Los macronistas, por su parte, se han mostrado favorables a negociar con los socialistas a condición de que rompan con LFI. Este miércoles el exprimer ministro Gabriel Attal defendía “un acuerdo de no censura con los socialistas, además de con Los Republicanos”.
En caso de bloqueo prolongado, otra posible salida sería el nombramiento de un gobierno técnico, con un primer ministro no político. En verano Emmanuel Macron ya tanteó a varias figuras de la sociedad civil, como el sindicalista Laurent Berger y el funcionario Thierry Beaudet.
El principio de este tipo de Gobierno es que se gestionen los asuntos urgentes y puedan aplicar ciertas reformas consensuadas con el apoyo de los distintos bloques políticos de la Asamblea. Sería una configuración temporal que cuenta con precedentes en Italia.
En este contexto, la crisis política amenaza con convertirse en crisis de régimen. Una reciente encuesta de Ipsos y la Fondation Jean-Jaurès señalaba erosión de la confianza en las instituciones (en particular de la Asamblea Nacional y la presidencia de la República). Además de una incomprensión total de los franceses sobre la decisión de Macron de disolver la Asamblea.
“Hay una explosión de desconfianza en el sistema político”, alertaba esta misma semana el director delegado de Ipsos Brice Teinturier. “En el presidente de la República, pero también en los representantes políticos, en todos los órganos de la Asamblea Nacional. Es una explosión gigantesca de la desconfianza”.
