El Poder Judicial declaró fundada la demanda de extinción de dominio sobre un bien inmueble valorizado en S/119.975 y la suma de S/ 292.370, bienes, de propiedad de J.A.B.O. y L.C.B.O. que provienen de actividades ilícitas realizadas por Vladimiro Montesinos y otros exfuncionarios públicos durante los años 1990-2000. Estos serán trasladados a favor del Estado.
El pedido fue realizado por la Cuarta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio y logró evidenciar que los bienes incautados provenían de delitos como enriquecimiento ilícito, corrupción de funcionarios y cohecho, en perjuicio del Estado.
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Específicamente, con el proceso irregular de adquisición de aviones y helicópteros, así como el manejo indebido de la Caja de Pensiones Militar Policial, hechos protagonizados por Montesinos y exfuncionarios como Juan Silvio Valencia Rosas, Víctor Alberto Venero Garrido y Víctor Manuel Malca Villanueva.
A través de la información publicada por el Ministerio Público, este fallo judicial se dictó en un proceso que respetó todas las garantías legales, garantizando el derecho de los involucrados a defenderse, presentar pruebas y ser juzgados por un tribunal imparcial. "Las Fiscalías Especializadas de Extinción de Dominio continúan trabajando en la persecución de los delitos contra la administración pública, utilizando la afectación de bienes y activos de origen o destino ilícito como herramienta efectiva", señalaron.
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El Poder Judicial sentenció a Rodolfo y Ludith Orellana a cinco años de prisión efectiva por corrupción de funcionarios. Rodolfo Orellana entregó $4.000 al exfiscal provincial provisional Eduardo Egusquiza para que archivara una investigación en su contra por presunta falsificación de documentos. Egusquiza, quien intentó favorecer al 'Clan Orellana', fue condenado a seis años de prisión por cohecho pasivo específico.
Los hechos ocurrieron en 2013, cuando Egusquiza solicitó el soborno a través del efectivo policial Luis Siesquén Ampuero, miembro de la red criminal. La transacción se concretó en septiembre de ese año, evidenciando la corrupción entre funcionarios y la organización. La sentencia no solo implica la privación de libertad para los involucrados, sino también su inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Asimismo, el Poder Judicial impuso una reparación civil de S/25,000 para Egusquiza y S/50,000 para cada uno de los Orellana. Estas sanciones buscan castigar los delitos cometidos y enviar un mensaje claro contra la corrupción en el sistema público, reforzando la importancia de la integridad en las instituciones.
