El último martes 3 de diciembre, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dictó 18 meses de prisión preventiva en contra de la fiscal suspendida Elizabeth Peralta por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico en el marco de las investigaciones que involucran al expresentador de televisión Andrés Hurtado 'Chibolín'. Sin embargo, como un cambio de estrategia, decidió mantenerse en la clandestinidad, según informó su abogado Benji Espinoza.
En consecuencia, luego de que el Poder Judicial emitiera una orden de búsqueda y captura, Peralta Santur pasó a calidad de prófuga de la justicia. De esta manera, se suma a la lista de personas que tomaron la decisión de no ponerse a derecho con las autoridades judiciales junto con Vladimir Cerrón, Nicanor Boluarte, este último hermano de la presidenta Dina Boluarte.
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La Fiscalía Suprema, bajo la dirección de Alcides Chinchay, comenzó una investigación preliminar desde el pasado viernes 6 de septiembre contra la fiscal suspendida Elizabeth Peralta Santur por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.
Según el Ministerio Público, Peralta Santur habría sido intermediaria en la restitución de los lingotes de oro al empresario Javier Miu Lei. Esto habría ocurrido tras la supuesta entrega de US$ 500.000 por parte de Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, en la residencia del expresentador, quien actualmente se encuentra recluido en el penal de Lurigancho.
En consecuencia, la Corte Suprema, a través de la Sala Penal Permanente, dictó 18 meses de prisión preventiva para la fiscal suspendida Elizabeth Peralta Santur. Esta medida se toma en el marco de una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico, en un caso que también involucra Hurtado Grados y a Miu Lei. Actualmente, Peralta se encuentra en la clandestinidad al no someterse a la justicia, tras la disposición del Poder Judicial de ordenar búsqueda y captura de Peralta.
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El juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano mayor de la presidenta Dina Boluarte, por ser el presunto líder de la organización criminal 'Los Waykis en la Sombra'. Según la tesis fiscal, el mayor de los Boluarte se habría encargado de colocar a personas en puestos claves de prefectos y subprefectos para la creación de su partido político Ciudadanos por el Perú (CPP).
El Ministerio Público inició una investigación en contra de Boluarte, tras la difusión de audios en los que se le escucha conversando con otros implicados. En estas grabaciones, se aborda la supuesta designación de familiares en cargos dentro del sector público, como en el ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y en el de Educación, a cambio de un posible apoyo para su hermana en las elecciones del 2021.
Actualmente, Nicanor Boluarte, quien está como no habido desde el domingo 17 de noviembre, no se encuentra en la lista de los más buscados, iniciativa que consiste en la entrega de una gran suma de dinero a cambio de información que lleve al paradero del prófugo de la justicia.
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El fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, actualmente se encuentra prófugo de la justicia luego que el Poder Judicial confirme la sentencia en su contra por 3 años y 6 meses de pena privativa de la libertad por el caso Aeródromo Wanka por el delito de colusión. Según la tesis fiscal, Cerrón Rojas suscribió un contrato de construcción para el terminal aéreo sin contar con un informe de la Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía.
En esa misma investigación, el gobierno regional de Junín no contaba con justificaciones para realizar ese proyecto, actualmente ubicado en Concepción, lo que muestra una posición en contra por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), quien afirmaba que la región ya contaba con un aeropuerto activo.
La situación de Vladimir Cerrón empeoró luego que el Poder Judicial dicte prisión preventiva por 18 meses en su contra por el caso Antalsis por los presuntos delitos de colusión agravada, asociación ilícita y cohecho pasivo propio en agravio del estado. Según la Fiscalía, se habría defraudado al Estado por S/26 millones entre 2011 y 2014, cuando Cerrón era gobernador regional de Junín.
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