Seúl.– Las presiones para sacar del poder al presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, no cesan desde que el mandatario declarara breve e inesperadamente la ley marcial, al acusar a la oposición de “actividades antiestatales”, una decisión que erosiona aún más su escasa popularidad y puede costarle el cargo.
Encarnando una presidencia tan impopular como debilitada a la que llegó gracias al estrecho margen de menos del 1 % por el que se impuso al liberal Lee Jae-myung en 2022, Yoon (nacido en Seúl en 1960) es el líder surcoreano con la mayor valoración negativa de la historia (74 %, según la empresa de sondeos Gallup Korea) y el primero en la democracia del país en no contar con el control de la Asamblea General (Parlamento) en ningún momento de su mandato.
La presión para que el mandatario dimita va en aumento y seis formaciones, incluida la principal fuerza opositora, el liberal Partido Demócrata (PD), presentaron este miércoles una moción parlamentaria para destituirlo, después de que algunos de sus principales asesores, entre ellos su jefe de Gabinete y su asesor de Seguridad Nacional, se ofrecieron a renunciar en masa el mismo día.
A la vez, el mayor grupo sindical del país, la Confederación Coreana de Sindicatos (KCTU), convocó protestas y prometió iniciar una huelga indefinida hasta que Yoon asuma la responsabilidad de lo sucedido y abandone el cargo, algo que los ciudadanos también parecen pedir a voces.
Jurista de formación y con una fulgurante carrera en la Fiscalía surcoreana, Yoon podría haber orquestado su propia caída al asumir el riesgo de imponer la ley marcial de emergencia, revocada seis horas después de que el Parlamento votara a favor de levantarla.
La decisión de activar, con visible afán político, una medida pensada para “garantizar la ley y el orden” en tiempos de guerra o en caso de emergencia nacional y que permite prohibir actividades políticas, controlar a los medios o arrestar a personas sin orden judicial puede poner fin a un Gobierno que debe su baja aceptación a factores como la situación económica, la falta de comunicación por parte del presidente o la gestión de las acusaciones dirigidas a la primera dama, Kim Keon-hee.
El sorpresivo anuncio de anoche se produjo después de que el PD aprobara sin el apoyo del conservador Partido del Poder Popular (PPP) de Yoon unos presupuestos generales para 2025 con múltiples recortes.
También salieron adelante sendas mociones para destituir al fiscal general y al responsable de la Junta de Auditoría e Inspección, encargada de monitorizar las cuentas de los organismos públicos.
Estos dos últimos se habían convertido en blanco del PD debido a su negativa a seguir investigando o a imputar a la primera dama por distintos delitos por los que ha sido escrutada, desde intromisión en asuntos de Estado a manipulación de activos bursátiles o recibir un bolso de lujo a modo de soborno.
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Yoon aseguró que los mencionados recortes presupuestarios minarían las funciones “esenciales” del Gobierno, incluyendo la prevención de crímenes relacionados con las drogas y las medidas de seguridad públicas, y consideró que la oposición, a la que tachó de pronorcoreana, estaba llevando a cabo acciones “antiestatales”.
Hijo de profesores universitarios y criado en un barrio de Seúl, Yeonhui -antaño considerado próspero-, Yoon se licenció en Derecho por la prestigiosa Universidad Nacional de Seúl y se estrenó como fiscal en 1994.
En el camino hasta convertirse en fiscal general en 2019 dejó una trayectoria en la que sentó en el banquillo a importantes políticos liberales y conservadores, así como a líderes de grandes empresas nacionales como Hyundai o Samsung.
Además, lideró la investigación especial en 2016 contra la única presidenta surcoreana que ha sido destituida en democracia, Park Geun-hye.
El órdago que lanzó, ya como fiscal general, al Gobierno del liberal Moon Jae-in, que buscó reformar la propia fiscalía tras las investigaciones abiertas contra el ministro de Justicia, Cho Kuk, lo convirtieron en un símbolo de resistencia para los conservadores, especialmente para aquellos que veían en el expresidente una figura demasiado cercana a Pionyang o a Pekín.
Así, sin experiencia política alguna, se convirtió en el candidato del conservador Partido del Poder Popular (PPP) para las presidenciales de marzo de 2022.
Yoon logró imponerse por solo 247.000 votos a Lee Jae-myung en unos comicios -los más reñidos que ha vivido el país desde el retorno de la democracia en 1987- caracterizados por el poco apego de los surcoreanos hacia los dos principales aspirantes.
Dos años después, en abril de 2024, las urnas castigaron tremendamente a la formación gobernante en unas legislativas en las que el PPP no solo no logró arrebatar la mayoría del PD en el Parlamento, sino que quedó terriblemente debilitado (108 escaños frente a 192 de la oposición).
Los comicios dejaron claro que los surcoreanos consideran a Yoon alguien desconectado -junto a la primera dama- e incapaz de solventar los problemas económicos que encara la ciudadanía, mientras se amontonan las sospechas de corrupción.
El líder ha mostrado además un absoluto desdén por la desigualdad que afecta cada día a las surcoreanas, en el país con mayor brecha salarial de la OCDE.
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