Anticorrupción no solo ve indicios de financiación ilegal de Se Acabó la Fiesta (Salf) en las dos entregas de dinero en efectivo que le hizo a Alvise el empresario Álvaro Romillo, de 10.000, una, y de 100.000 euros, la otra.
Esta Fiscalía especializada en la lucha el fraude y la criminalidad organizada señala la recepción de sucesivas donaciones anónimas, de las que se desconoce su origen, si proceden de personas físicas o jurídicas, que fueron llevadas a cabo en la tres wallets creadas para el político por el líder de Madeira Invest Club (MIC), el 'chiringuito financiero' al que se investiga en la Audiencia Nacional por una macroestafa piramidal.
En estas carteras, señala el Ministerio Público, que se hicieron aportaciones de terceros en moneda crypto para financiar anónimamente la campaña electoral para las elecciones europeas de Se Acabó la Fiesta (Salf), después de la que desembarcaron en las instituciones con tres escaños en Bruselas. Por esas carteras de criptoactivos virtuales llegó a haber una cifra cercana a los 10.000 euros, que, sin embargo, se acabaron ingresando el pasado septiembre en las cuentas de una de las empresas del entramado de MIC, Sentinel, por que Alvise le debía esta cifra a Romillo.
Lo que ambos buscaban, según el escrito de Anticorrupción, era realizar las operaciones en metálico o criptomonedas para evitar que se conociera el origen del dinero, la identidad de los donantes, eludir el control del Tribunal Cuentas y los límites impuestos por la Ley de Financiación de Partidos Políticos.
No hay ningún soporte documental o de otro tipo sobre las entregas de dinero en efectivo de las empresas de Romillo al eurodiputado ni firmaron ningún acuerdo de colaboración en tanto que no existió ningún contrato ni recibió prestación concreta por el servicio que debiera ser remunerada.
Fue Alvise quien solicito a Romillo su colaboración para crear una wallet donde este pudiera recibir, fuera de los controles financieros habituales, donaciones anónimas, encriptadas e irrasteables para sostener los gastos de su campaña electoral.
La finalidad era recibir aportaciones de las que no tuviera que responder ante el Tribunal de Cuentas y que le permitiera contar con dinero en cash para estos y otros gastos derivados de sus actividades fundamentalmente dirigidas a lograr un escaño en el Parlamento Europeo.
A cambio, Alvise actuaría publicitando la plataforma bancaria Sentinel y para lograr nuevos inversores para Madeira Invest de Romillo, y llegaron a poner sobre la mesa que el dirigente de Salf se quedase con el 10% de las nuevas inversiones que consiguiese si la colaboración resultaba eficaz y llegaban a un acuerdo en tal sentido. Nunca se llegó a materializar.
El Ministerio Fiscal instó esta semana a la Audiencia Nacional a elevar una exposición razonada para trasladar la causa por financiación ilegal al alto tribunal ya con Alvise como imputado, pero también con Romillo como investigado dada su "evidente e indisoluble vínculo" y "inescindible conexión" entre ambos. El fin de aunar el procedimiento en este alto tribunal es evitar que acaben coexistiendo pronunciamientos contradictorios de distintas instancias.
Se adelanta esta Fiscalía especial para proponer las diligencias de investigación que considera necesarias para completar la instrucción que al magistrado de la Audiencia Calama, hasta ahora al cargo de la investigación, le están vetadas al no poder proceder contra un aforado como es Alvise, del que Anticorrupción asegura que existen "indicios provisionales pero suficientes de su responsabilidad" en la supuesta financiación ilegal de su primera y única campaña electoral.
Reclama que, llegado el momento con la causa en el Supremo, se proceda a escrutar el tráfico de las wallets donde se hicieron las aportaciones anónimas para sostener su campaña electoral, el recabado de los justificantes de estos pagos y la entrega de información económica de Se Acabó la Fiesta que se entendería que tiene que tener como formación política.
Esta debería estar, expone, recogida en los libros de tesorería, inventarios y balances para conocer "la cuenta de ingresos y gastos", así como las "operaciones de capital" y el informe que se entiende que debería haber elaborado el Tribunal de Cuentas para su fiscalización. Pero también consideran de interés para las pesquisas que se registren la cuentas bancarias de Alvise Pérez.
En la exposición razonada reclamando que el Tribunal Supremo, donde está aforado como eurodiputado, proceda con el político, recuerda que las aportaciones a partidos políticos no pueden ni ser aceptas ni recibidas si son anónimas, superiores a 50.000 euros anuales por persona o si proceden de entes sin personalidad jurídica.
Los seguidores a los que le llegara estas wallets a través del canal de Telegram que Alvise utiliza como vía de comunicación y que le hubiesen donado sin identificarse y, por tanto, no se puede dilucidar qué personalidad jurídica tienen.
