Una pantalla en la estación de Seúl muestra la declaración de la ley marcial por parte del presidente Yoon Suk Yeol el martes por la noche. Foto cortesía de la agencia de noticias surcoreana Yonhap
En una jornada marcada por el caos y las tensiones políticas, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, emitió y luego levantó un decreto de estado de emergencia en la madrugada de hoy, desatando una avalancha de protestas y llamados a su destitución.
La crisis comenzó alrededor de las 10:27 PM del 3 de diciembre de 2024, cuando Yoon se dirigió a la nación anunciando la imposición de la ley marcial, alegando la necesidad de salvaguardar la “república liberal de Corea del Sur” ante las amenazas de fuerzas comunistas del norte. Su decreto prohibió las actividades políticas y sometió la cobertura mediática a control gubernamental, lo que rápidamente fue interpretado por opositores como un intento de golpe de Estado.
El clima de descontento creció a medida que la oposición, liderada por el Partido Democrático, reunió a sus miembros en una reunión de emergencia y emitió una resolución exigiendo la renuncia inmediata de Yoon o su destitución por impeachment. «La declaración de la ley marcial es una violación clara de la Constitucional», afirmó el partido, describiendo las acciones de Yoon como un «acto serio de rebelión«.
Menos de seis horas después de su anuncio, Yoon se vio obligado a levantar la ley marcial tras una rápida reacción del Parlamento, que aprobó un motion unánime para revocar el decreto. Esto dejó en evidencia la creciente presión pública y política contra su administración. Críticos señalaron que su intento de imponer el control se enfocaba particularmente en grupos descontentos, como los médicos surcoreanos, que han estado en huelga por la ampliación de las cuotas de ingreso a las facultades de medicina.
A medida que la confusión aumentaba, varios de los altos funcionarios de Yoon presentaron su dimisión, incluyendo al jefe de personal y al asesor de seguridad nacional. El líder del Partido del Poder Popular, Han Dong-hoon, expresó su desaprobación y demandó la destitución del ministro de Defensa, argumentando que quienes recomendaron la imposición de la ley marcial debían asumir la responsabilidad por la crisis política.
Los analistas políticos señalaron que este intento de controlar la situación refleja la desesperación de Yoon frente a un gobierno en crisis y agobiado por el descontento social. A pesar de su corto mandato, su administración ha enfrentado un creciente escepticismo y una caída de la confianza entre los ciudadanos, exacerbada por este último escándalo.
Con el levantamiento del estado de emergencia, la atención se centra ahora en el futuro político de Yoon y las posibles consecuencias de sus acciones. La trama del impeachment parece latente, con llamados a la acción directos por parte de los líderes de la oposición. En medio de protestas pidiendo su arresto y un despliegue notable de descontento público, la estabilidad política de Corea del Sur pende de un hilo.
Mientras se observa el rumbo de los acontecimientos, queda por ver cómo responderá Yoon ante la marea creciente de oposición y si su gobierno podrá recuperarse de este intento de golpe de estado fallido que ha sacudido los cimientos democráticos del país.
