La noticia, amplificada recientemente, irrita y conmina a la reflexión. Más de 17 000 personas residentes en Dos Caminos, Paquito Rosales y el consejo popular Estrella Roja, del municipio santiaguero de San Luis, estuvieron horas sin servicio eléctrico, con todas las afectaciones que ello implica, debido al robo del aceite dieléctrico del transformador de 6,3 MVA de la subestación que les servía.
Las diarias molestias de los apagones ocasionados por el déficit de capacidades de generación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) se recrudecieron para los vecinos de esas zonas, quienes vivieron horas de desesperación y tuvieron que buscar disímiles alternativas para conservar y cocinar sus alimentos.
Kilómetros más allá, la población de Hatillo, El Paraná, El Paraíso y otras comunidades del municipio de Palma Soriano, también en tierra santiaguera, estuvieron ocho días sin corriente como consecuencia de un hecho similar, que al dejar al transformador del área sin los niveles requeridos del aceite —que tiene una función aislante, refrigerante—, condujo a la explosión del equipo.
Unos 618 clientes del servicio eléctrico y la estación de bombeo de la zona sufrieron las consecuencias.
Ambos casos, que tuvieron la inmediata respuesta de las máximas autoridades del Partido, el Gobierno y la Empresa Eléctrica de la provincia obligaron al movimiento de recursos y fuerzas desde fuera de los municipios, la adopción de medidas especiales para garantizar la cotidianidad de las comunidades y, sobre todo, la reparación o instalación de nuevos equipos con el doble costo de sustituir lo que aún tenía vida útil, en un contexto de dificultades económicas y obstáculos para la adquisición de piezas y medios como el que particularmente enfrenta ese sector.
El ingeniero Adrián Blázques, director del Centro Territorial de Operaciones de la Empresa Eléctrica, precisó al periódico Sierra Maestra que hasta noviembre suman cinco los transformadores dañados por el robo de aceite en la oriental provincia, con hechos que además de los citados territorios alcanzan al municipio de Contramaestre, y grandes perjuicios económicos para la entidad.
Solamente el equipo dañado en Dos Caminos, detalló el experto, tiene un costo en el mercado internacional de entre cuatro y cinco millones de dólares; si a eso le sumamos la energía dejada de servir a los clientes y los gastos en que debió incurrir el Estado para resarcir los daños, que incluyen la fuerza de trabajo que laboró de manera intensiva hasta la solución, la transportación, el alquiler de grúas, el combustible y otros, se tendrá una idea exacta de las pérdidas asociadas a estos actos vandálicos, emprendidos por personas inescrupulosas con afán de lucro.
A las afectaciones económicas y el malestar de la población, habrá que sumar el estrés y las tensiones de las autoridades, que debieron restar tiempo al impulso de nuevos proyectos para asumir de manera emergente la solución de las contingencias. «Fue una prueba de fuego para todos», dijo al rotativo santiaguero el primer secretario del Partido en San Luis, Yusmaikel Valier.
La primera secretaria del Partido en la provincia de Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia, ha afirmado rotundamente en estos días que «no habrá impunidad para los autores del delito».
Especialistas del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial, que junto con los órganos del Ministerio del Interior laboran en el esclarecimiento y riguroso enfrentamiento a estos hechos, han dejado claro que tales conductas tipifican entre los delitos recogidos en el Código Penal vigente, entre ellos el de hurto o robo con fuerza; receptación, para quienes compran el aceite; e, incluso, el de sabotaje.
Para este último se prevén sanciones de siete a 15 años de privación de libertad, que con agravantes como poner en peligro la seguridad colectiva y afectar bienes pertenecientes a las reservas materiales, como sucede en estos casos, pudieran llegar a sanciones de diez hasta 30 años de privación de libertad.
Con el restablecimiento, durante la pasada semana, del normal servicio eléctrico a las comunidades afectadas, se extiende también aquí la claridad de que conceptos mayores están siendo agredidos cuando el vandalismo embiste, cuando la desidia acecha.
Ciertamente, nuestra cotidianidad de hoy está signada por contingencias muy difíciles y los tiempos de crisis resquebrajan valores, pero nada, mucho menos el afán de dinero fácil de unos pocos, puede hacernos olvidar la civilidad, la ética, la decencia que siempre nos han caracterizado.
Buscando que ninguna dificultad borre de su imaginario la herencia de sus antecesores para sembrar ideas y apuntalar conciencias, Santiago de Cuba ha convocado a su pueblo a un gran foro de comportamiento cívico, que ya multiplica la reflexión en centros, escuelas, comunidades, en pos del accionar unido contra cualquier forma de violencia, delito, indisciplinas sociales.
Para revigorizar, a pesar de las carencias, esa cultura fundada en los valores más legítimos, batalla hoy la tierra heroica. Apuesta por un entorno en el que la familia, el barrio, las instituciones, el rigor de la ley consigan neutralizar el egoísmo, la indiferencia, las conductas inadecuadas. En ello, hay conciencia, como en el trabajo y la solidaridad, están también las claves de su resiliencia.
