En Costa Rica operan al menos 200 grupos de crimen organizado que mantienen reclutadas a 4.000 personas vinculadas con el narcotráfico, sicariato y lavado de dinero, reveló el Informe Estado de la Nación 2024 con base en datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Sin embargo, el exministro de Seguridad, Gustavo Mata Vega (2015-2018), estima que la cifra podría ser incluso mayor si se toma en cuenta la presencia de carteles extranjeros que requieren que sus miembros entren al país para sostener sus operaciones internacionales. Mata explicó que la producción de cocaína en Colombia se ha incrementado dramáticamente en los últimos años, lo que aumenta la demanda en Costa Rica de mano de obra para el crimen organizado.
“Se tiene que tomar en cuenta que para este año ha subido aproximadamente un 53% la siembra de hoja de coca, que por lo tanto conlleva a que haya más producción de cocaína y más trasiego por la zona. “Sabemos además que Colombia está sacando marihuana en un alto porcentaje, que ya se está encargando también de distribuirla no solo en Centroamérica, sino también en lo referente a envíos de marihuana a Europa y Estados Unidos. Eso es un gran componente del crimen organizado que cada día se estructura más”, declaró.
El Informe Estado de la Nación 2024 reconoce que los números de bandas y reclutados difieren según la fuente de origen de la información. Por ejemplo, cita una declaración del ministro de Seguridad, Mario Zamora Cordero, ante la Asamblea Legislativa, donde asegura que Costa Rica pasó de 35 organizaciones en el 2013, a 340 grupos diez años después.
Consultado sobre estos números, el fiscal adjunto, Mauricio Boraschi Hernández, explicó que el OIJ y la Fiscalía trabajan en una plataforma conocida como Diseño Estratégico para el Combate Institucional de las Organizaciones criminales y la Resiliencia (Decisor), en la cual se recolecta información nacional sobre estructuras criminales que operan activamente en el país.
Afirmó que el dato más actualizado, posterior a la publicación del Informe, habla de 280 estructuras, aproximadamente. Sin embargo, aclaró que esa cifra fluctúa conforme se realizan operativos para desarticular grupos criminales. Por ejemplo, solo en el 2023, los cuerpos policiales ejecutaron 813 intervenciones en casos resueltos contra el tráfico ilícito de drogas en el país, pero varios de esos casos resueltos pueden responder o estar relacionados con una misma organización criminal.
El Estado de La Nación explicó: “Pese a esta variabilidad en las cifras, lo que queda claro es que el número de grupos criminales desarticulados cada año solo representa una pequeña fracción de los que existen y continúan operando. Muchos de estos grupos siguen sin ser identificados, lo que limita el impacto de las intervenciones del Estado para reducir la delincuencia organizada en el país”.
Al analizar quiénes se involucran en estas bandas, Rodrigo Campos Cordero, criminólogo de la carrera de Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), sostiene que se trata de personas de todas las clases sociales. Sin embargo, sostiene que los roles violentos los desempeñan, principalmente, hombres, jóvenes, de baja escolaridad, con muchas carencias materiales. Ellos son atraídos por un trato amable de los reclutadores, que al principio les dan regalos pequeños, que se convierten en dinero a cambio de mayores responsabilidades.
Grupos identificados en últimos cinco años
FUENTE: González, 2024, con datos de la base de noticias de prensa 2018-2024, del PEN y E: Madrigal, 2024. || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
“El reclutamiento suele iniciar con premios como comida, luego se ofrecen pagos por trabajos más simples como la vigilancia. Estos pagos pueden ser en módicas sumas, en droga o en dejarles ser parte del grupo y las fiestas. Al igual que se asciende en una empresa lícita, aquellos con capacidades para tomar trabajos más complejos, van ascendiendo. A veces les pagan con ropa, tenis, celulares, motocicletas o la administración de parte de la organización”, expuso Campos.
OIJ investiga si ‘Diablo’ está fuera del país
Algunas de las principales bandas identificadas son la de Alejandro Arias Monge, alias Diablo; los Búhos, los Hermanos Gery, los Lara y Tonny Peña Russell. Aunque algunos líderes de esos grupos ya han sido detenidos y procesados penalmente, las organizaciones siguen funcionando, con especial incidencia en cantones como Alajuela, Puntarenas, Cartago, San José y Limón.
En ocasiones, un solo líder narco tiene presencia en diferentes puntos del país. Por ejemplo, se detectaron grupos vinculados a Arias Monge en Santa Cruz, Alajuela, Cartago y Limón, lo que demuestra su amplia esfera de influencia a pesar de que el OIJ tiene un equipo especializado para su captura.
Diablo es uno de los hombres más buscados en Costa Rica y se le asocia con homicidios, narco y robo de ganado. A inicios del 2024, el director del OIJ, Randall Zúñiga López, había afirmado que este individuo sería capturado este mismo año, pero en julio declaró que podría encontrarse fuera del país.
Las autoridades han tenido más éxito en su lucha contra otros cabecillas, como Peña Russell, de 36 años, quien estaba fugitivo desde febrero hasta que quedó detenido el 21 de junio en su casa en Limón como sospechoso de liderar una banda de sicariato.
Asimismo, el 29 de mayo del 2023, los hermanos Julio César y Juan Lara Villanea fueron condenados a 16 y 15 años de cárcel, respectivamente, por tráfico de drogas. Cinco miembros del grupo los Lara fueron sentenciados a largas penas en prisión, el 13 de junio, por cinco homicidios cometidos entre noviembre del 2019 y marzo del 2020.
Según datos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), una media de 153 grupos criminales fueron desarticulados cada año desde el 2012, con un total de 1.832 grupos entre el 2012 y 2023. Si bien el año anterior presentó la mayor cantidad de grupos desmantelados, también fue el año con la mayor cantidad de homicidios registrados.
El Estado de la Nación enfatiza en que, en otros años donde se presentó un número alto de desarticulaciones (2012, 2019 y 2022) no hubo una relación clara con aumentos de homicidios durante ese año o el siguiente.
Por otro lado, se advierte que los reportes del ICD no definen qué se entiende por desarticulación, pues no se detalla cómo se desarticula y qué se está desarticulando, sin embargo, dichos reportes son los únicos que existen al respecto en el país.
Uno de los cuestionamientos realizados en el informe es que algunas de las bandas presuntamente desarticuladas siguen operando desde la cárcel, donde “tienden a perpetuar sus prácticas ilícitas, a ampliar y proliferar sus redes criminales porque las políticas del Estado centradas en desarticularlos y disrumpirlos aún no son de todo efectivas”.
El documento cuestiona, además, una ausencia en documentos oficiales de descripciones detalladas de las estructuras, la cantidad de miembros o sus ubicaciones. Tampoco se detallan las nacionalidades involucradas en las organizaciones internacionales. “Por ello, se hace evidente la necesidad de estudios de carácter etnográfico o sociológico que profundicen en estas dinámicas”, indica el informe.
El informe profundiza en el funcionamiento de las narcofamilias, las cuales antes del narcomenudeo se dedicaban a otras actividades ilegales que combinaron junto a la venta de drogas.
Entre el 2000 y 2010, las narcofamilias eran las principales organizaciones que competían por el territorio contra pequeños grupos que aparecen y desaparecen, lo que provocó una conflictiva dinámica de grupos que no logran consolidarse como el monopolio del narcomenudeo en sus barrios. Esto se traduce en enfrentamientos armados y el aumento de homicidios.
El informe concluye que “la desarticulación de cada grupo criminal vinculado al narcotráfico en Costa Rica – local, internacional y narcofamilia – evidencia la condición de un escenario desafiante para el Estado, principalmente porque la continua desarticulación no solo evidencia el actuar del poder público en este tema, sino que además reafirma la capacidad de resiliencia de estos grupos criminales”.
