Las escuelas y colegios privados que no pagan las cuotas de las pensiones de su docentes se exponen al cierre. Carlos Arias Alvarado, director ejecutivo de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), advirtió de que, si bien promueven la firma de arreglos de pago para acabar con la morosidad, no descartan recurrir al cobro judicial y a la clausura de los centros hasta que se pongan al día. A su vez, la institución exige al Ministerio de Educación Pública (MEP) colaborar en el ataque a la evasión, para evitar que los educadores no puedan disfrutar de su retiro y que los estudiantes sufran por la interrupción de procesos formativos.
Los centros educativos privados deben trasladar a la Jupema los aportes patronal y del trabajador, pero esto no está ocurriendo de forma correcta en 194 centros educativos, que están en deuda con el régimen de pensiones del Magisterio Nacional.
La mora asciende a los ¢4.836 millones y pone en riesgo el derecho de jubilación de 2.457 trabajadores.
“Hay precedentes, está el Colegio Santa Cecilia, en Heredia. Ese colegio quedó debiendo a la seguridad social en Jupema (está cerrado). No solo no aportó la parte patronal, sino que tampoco la parte que le rebajó a sus trabajadores.
“A esas personas que ya están por pensionarse lastimosamente no está en nuestras manos decirles ‘vamos a poner las cuotas nosotros’. Lo que les corresponde es trabajar los años que les faltan. Hay que entender que muchas de esas personas ya están en edad avanzada y les corresponde seguir trabajando para poder cumplir con las cuotas”, explicó Arias en entrevista con La Nación.
Aunque los docentes y el personal administativo son los más perjudicados, los estudiantes también podrían sufrir afectaciones en su proceso educativo, como consecuencia de las sanciones que se puedan aplicar a las instituciones.
“Aquí hay un problema enorme para los trabajadores de la educación, porque no están trasladando las cuotas; pero también para los educandos, porque eventualmente ese centro educativo va a entrar en problemas. Nosotros lo que hacemos es tratar de arreglar la situación, les ofrecemos un arreglo de pago, pero, si no, hacemos un trámite de cobro judicial, y eso implica, inclusive, el cierre del negocio.
“Entonces, ¿Qué va a pasar con los niños, los muchachos que están ahí llevando una educación?”, alertó el vocero.
Según Arias, muchos centros educativos deciden seguir adelante con su actividad, pero sin cumplir con sus obligaciones sociales, de manera negligente. Por esta razón, exige al MEP un rol más activo y contundente para poner fin a esta práctica.
“La idea no es que se cierren centros educativos, ni entrar en procesos de cobro judicial. La intención nuestra es que se pague lo correspondiente a la seguridad social para que la gente pueda tener una pensión. Entonces, somos vigilantes de que esas cuotas lleguen a Jupema, pero también requerimos el brazo del MEP, porque tiene que actuar inmediatamente sobre esos centros, para decirles ‘vean señores, están debiendo plata y les vamos a quitar el permiso’”, reclamó.
Si bien el MEP exige demostrar que la razón social, representación legal o dueño del centro educativo se encuentra al día con sus obligaciones obrero-patronales, para acreditar nuevos centros de enseñanza, la Jupema considera que la medida es insuficiente, porque no incide sobre los centros educativos en operación, donde se encuentra el mayor número de morosos.
“Lo que uno podría pensar es que esos centros educativos se acostumbran a no pagar deudas y, en este caso, a darle a la seguridad social. Se han hecho arreglos de pago con algunos, pero el hecho de que se haga un arreglo de pago no implica que no esté moroso, así que, sigue debiendo”, aclaró Arias.
Jupema denunció públicamente la situación en el mes de agosto, pero ante la falta de respuestas del MEP para corregir la problématica, emitió el 13 de noviembre un comunicado en el que exigió a la institución rectora actuar con mayor contundencia.
“Nosotros solicitamos en dos ocasiones una cita con la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, desde el mes de agosto, sin que a la fecha haya contestado. Demuestra de alguna manera un desinterés de avanzar en un tema que afecta hoy el derecho de pensión de 2.481 trabajadores del sector educación”, declaró el director de Jupema.
Müller tampoco ha atendido las solicitudes de Jupema para sentarse a discutir la creciente deuda del Estado con el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) por cuotas patronales y estatales no presupuestadas. La entidad de pensiones calculó en ¢41.674 millones el hueco presupuestario con el sistema de jubilaciones básico de los docentes del Magisterio Nacional, sector que incluye al MEP, escuelas y colegios privados, así como a las universidades públicas y privadas.
