Si no pudo leerlo, se lo resumo: el sábado, en un reportaje de la periodista Natalia Vargas sobre los ¢7.700 millones anuales que el Incopesca aprueba en subsidios de combustible a pescadores, los políticos de turno que administran esa entidad aseguraron que no les consta que algunos de los beneficiarios estén siendo investigados por narcotráfico o lavado de dinero.
Es el cinismo de la burocracia, la excusa para disfrazar su incompetencia e incapacidad para administrar, con responsabilidad, el escaso dinero público.
Quizás es que supusieron que fueron nombrados solo para poner su firma en las millonarias exenciones y sonreírles a los favorecidos.
Cuando se les preguntó a quienes gobiernan el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura si investigados por narco o legitimación de capitales reciben el beneficio, la respuesta fue exasperante: “No nos consta que eso esté sucediendo. Las investigaciones del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial no fueron comunicadas al Incopesca. De igual manera, no existe ninguna notificación de algún juez u otro funcionario que nos indique no brindar el servicio”.
Tal contestación lo deja claro: están a pierna suelta esperando a que lleguen jueces, fiscales y agentes. Mientras, siguen repartiendo $15 millones al año a pescadores y empresarios. Unos honestos; otros de dudoso origen.
Escudarse en el “no sabía” se hace habitual en la clase política, y lo grave es que así han beneficiado con hasta $1 millón, cada uno, a investigados por narcotráfico.
Atando cabos, las conclusiones son preocupantes. Por un lado, la Policía de Control de Drogas fue sacada de puertos y aeropuertos; la Policía de Guardacostas, retirada de bahía Drake —la mayor zona de tránsito de drogas en la zona sur, pues, según la DEA, hasta 500 toneladas transitan al año—.
Para mayor comodidad, el Incopesca tiene en lista de subsidios a peces gordos investigados por transporte de drogas en sus lanchas.
Armado el rompecabezas, se ve la foto completa: al parecer, las fronteras marítimas están abiertas al narcotráfico, y a algunos se les apoya con combustible a un precio hasta un 47 % más bajo que el pagado por el resto de los costarricenses.
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