Hablar del gasto de capital es tratar un componente muy importante del gasto público, el cual combinado con el gasto corriente constituye la herramienta principal que viabiliza la ejecución de la política fiscal.
Pues con ello, corresponde al Gobierno garantizar que este se realice con alto nivel de calidad para enfrentar las necesidades y demanda sociales y económicas que exige la población.
Pero resulta que, en la vida económica de una nación, la importancia que tiene el gasto público es enorme ya que los beneficios que de este se derivan, lo cual estará en función del estricto cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de las personas físicas y jurídicas.
Una precisión muy concreta y aceptada acerca de lo que significa el gasto público son los criterios concebidos por Cambridge University cuando sostiene que todo el dinero que gasta el Gobierno orientado a prestación de servicio y en compra de bienes, tanto en educación, protección social, salud y defensa corresponde al gasto público.
Cabe resaltar que el gasto público en su estructura funcional descansa en el gasto corriente, el cual se describe en el marco del ejercicio fiscal en el gasto ordinario en servicios y adquisición de bienes, mientras que el otro componente se refiere al gasto orientado a incrementar el patrimonio público, en particular, las inversiones públicas con el objetivo de obtener un retorno de carácter social.
Hay que destacar que el gasto público combinado con los impuestos constituyen los instrumentos de alto poder que favorecen la intervención del Estado en la economía, por tanto, la vía de ejecución más efectiva de la política fiscal.
En tal sentido, se trata de la sumatoria de gastos que el Estado dispone para garantizar la educación, seguridad, salud, electricidad y las obras de infraestructura para beneficiar al conjunto de la población.
Tanto el gasto corriente como el gasto de capital son esenciales en procura de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, al desglosarlos podemos encontrar que el gasto corriente engloba los gastos destinados en salarios para los servidores públicos y mejorar los servicios públicos.
Pero con el gasto capital se logra impulsar las inversiones en edificaciones, plantas eléctricas, hospitales, escuelas y carreteras, lo que significa que este tiende aumentar el patrimonio del Estado y su capacidad de las transformaciones físicas de un país.
Al Gobierno le resulta muy favorable orientar el gasto público en el gasto de capital ya que este implica tener nuevos activos e impulsar la inversión en infraestructura que permiten impulsar los principales elementos que se orientan hacia el progreso y desarrollo de la nación y crean la base de la satisfacción de la presente y futuras generaciones.
En las economías emergentes, el ahorro nacional resulta insuficiente para la inversión en infraestructura con vocación hacia el desarrollo y tal situación es la que justifica que estas se lleven a cabo a través del financia miento, pero de manera racional y prudente.
Ahora bien, cuando el Gobierno recurre al financiamiento y orienta los recursos obtenidos para cubrir el gasto corriente en perjuicio del gasto de capital, está sacrificando la inversión pública destinada a promover el progreso y compromete a las futuras generaciones ya que como contribuyentes futuros le han sido sacrificado sus intereses. Y es por esa razón que la política fiscal y la deuda pública ocupan un lugar notorio en el debate político y económico a escala global.
La preocupación que se genera cuando existe un elevado endeudamiento público, fruto de los incrementos en el déficit presupuestario, conduce a fomentar una política monetaria expansiva, lo que tiende a traducirse en un aumento de la inflación.
Es por tal razón que se debe poner atención a la liberalización de RD$35,355 millones de encaje legal por parte de la Junta Monetaria.
En adición, el gasto de capital, el cual crece a ritmo rezagado, mientras que el gasto corriente crece a una velocidad sin precedentes, evidenciando la prioridad y decanto por el gasto corriente y marginación del gasto de capital, por parte del Gobierno.
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