Que la democracia liberal no está garantizada es un lugar común que ayer se hizo realidad en Corea del Sur, uno de los países más avanzados y prósperos del planeta. El presidente de la república, Yoon Suk-yeol, dictó la ley marcial y prohibió la actividad de los partidos y la difusión de «noticias falsas» en un discurso transmitido por televisión a altas horas de la noche. La ley marcial no había estado en vigor en Corea desde la década de 1980, cuando el país era un dictadura militar, y fue repudiada por una amplia mayoría de los diputados (190 de 300) que votaron una moción anulando su vigencia mientras los soldados intentaban penetrar en el Parlamento para impedirlo y los manifestantes se citaban a las afueras para apoyar a los legisladores. Finalmente, después de varias horas de rebelión popular y parlamentaria, el presidente Yoon decidió levantar la ley marcial. Aún hay muchas interrogantes sobre la actuación de Yoon, pero lo cierto es que desde su estrecha victoria en las elecciones de 2022, al frente del conservador Partido del Poder Popular, no lo ha tenido fácil para dirigir el país. En abril pasado, su rival en la contienda presidencial, Lee Jae-myung, del Partido Demócrata, le venció de manera aplastante en las elecciones legislativas y consolidó una mayoría absoluta de 170 escaños. Desde que se inició la legislatura en junio, la oposición ha intentado destituir a una decena de altos cargos de su gobierno. Esta semana, además, bloquearon sus presupuestos, le impusieron recortes económicos que según el presidente le impiden llevar a buen término su gestión y exigieron la destitución del fiscal general. Yoon sostiene que las destituciones buscan proteger al líder de la oposición que afronta varios procedimientos judiciales. En su alocución, que recordó a los dictadores militares de las décadas de 1960 y 1970, Yoon dijo que no le quedaba más remedio que dictar la ley marcial para salvaguardar el orden constitucional, afirmando que la oposición había secuestrado el proceso parlamentario. Acusó a la oposición de servir a los intereses del régimen comunista de Corea del Norte, país con el que Seúl comparte la península desde 1948 y que en 1950 invadió el sur provocando una guerra que duró tres años. Sin embargo, Yoon, cuyo índice de aprobación ha caído por debajo del 19 por ciento en las últimas semanas, no resultó convincente y la mayoría de la población le dio la espalda. Incluso el líder de su partido, Han Dong-hoon, tomó distancia de la decisión presidencial que calificó de «incorrecta» y prometió «detenerla con el apoyo del pueblo». Al final, la crisis se ha resuelto sin derramamiento de sangre. Los surcoreanos han vivido así un episodio que se asemeja mucho a nuestro 23-F de 1981 y han aportado un recordatorio inquietante de lo rápido que unos políticos inescrupulosos pueden terminar con la democracia cuando la subordinan a sus intereses personales. El episodio se produce, además, en una región donde el ejemplo del régimen autoritario chino se ofrece continuamente como una alternativa más eficaz que la democracia liberal. Esta semana ha sido nefasta para los partidarios de ésta. Primero, Joe Biden decide indultar a su hijo Hunter, abusando de esta prerrogativa presidencial en el país que ha servido de faro de la democracia constitucional en el planeta. Y ayer Corea del Sur se ha paseado por la fina raya que separa el Estado de derecho de la dictadura, recordando que los países pueden perder la democracia muchísimo más rápido que lo que han tardado en conquistarla.
