Los socialistas esgrimieron ante el juez al solicitar su personación que se trata "una causa de interés nacional" que genera "preocupación y alarma social" y pusieron en valor su intención de "contribuir" a la investigación. Sin embargo, el PSOE pidió expresamente que no le reclamara fianza alguna al estar el procedimiento ya en marcha. "Nos encontramos ante una causa de interés general de los ciudadanos", exponía su letrado, quien pidió ejercer la acusación en representación de sus afiliados y del "interés general de la ciudadanía". Su propósito, explicaba, es "contribuir a esta instrucción logrando la investigación de todos los hechos entorno al objeto del procedimiento".
Al mismo tiempo, la formación socialista señalaba que, dada la gravedad de los hechos investigados y "la preocupación y la alarma social generada", personarse es su "deber como partido que representa los intereses generales por encima de todo". "Sin perjuicio de la legitimidad de la Fiscalía para entablar acciones legales en defensa de la legalidad y el interés público" -aseguraba- existen "intereses generales de los ciudadanos a los que representamos que se han podido ver afectados a consecuencia de los hechos objeto de investigación", de los que -recordaba- "pudieran desprenderse la comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal".
Tras la declaración como testigos de cuatro guardias civiles, los abogados de dos de las acusaciones populares -Hazte Oír y Iustitia Europa- se mostraban hoy contrarios tanto a la personación del PSOE en la causa como a la unificación de la acción popular en torno a una de ellas, que según las fuentes consultadas se trataría del PP, la primera en presentar la denuncia.
