La fiscal del "caso David Sánchez" realiza una maniobra inesperada y recurre la imputación del hermano de Pedro Sánchez por cuatro delitos y su citación para que declare el próximo 9 de enero en relación a su contratación pública en la Diputación de Badajoz y si cumplen con sus deberes con la Agencia Tributaria ya que formalmente reside en Elvas (Portugal).
La representante del Ministerio Fiscal ha interpuesto un recurso de reforma (y subsidiario de apelación) para tratar de que la jueza Beatriz Biedma que investiga al hermano del presidente del Gobierno revoque el auto con el que fijo la fecha del próximo año en que se estrenará ante ella y citó también al presidente socialista del ente provincial pacense, Miguel Ángel Gallardo, también secretario general del PSOE de Extremadura, y a otras siete personas entre las que hay cargos públicos y funcionarios.
La fiscal critica duramente a la instructora del procedimiento contra el conocido en el mundo musical como David "Azagra" porque en su auto "se limita" a citar la necesidad de "garantizar la plena efectividad el derecho de defensa y evitar que puedan producirse situaciones de indefensión" como argumento que sostiene las declaraciones como imputados.
Le recrimina así que no haya realizado "ninguna exposición de los indicios existentes contra cada una de las personas a las que pretende tomar declaración como investigados" y llega a decir textualmente que "ni siquiera se indica los concretos delitos por los que se investiga a cada uno de ellos".
La representante del Ministerio Público en esta causa echa mano de la jurisprudencia para recordarle, tomando palabras del Tribunal Supremo, que "la valoración sobre el nivel de los indicios ha de efectuarla el juez", pues "no son autoevidentes" y se trata de una tarea "primordialmente judicial".
Tiene claro la fiscal que se ha producido una "omisión" en cuanto a la concreción por parte de la instructora de los comportamiento con indicio delictivos que se atribuye a cada imputado.
Los imputados, concretamente, son Elisa Moriano Morales, directora del área de Cultura y Acción Ciudadana de la Diputación en la época de la contratación; Cristina Núñez Fernández, diputada socialista que asumió las responsabilidades del área de Cultura, Juventud y Bienestar Social hasta el julio de 2018; Juana Cintas Calderón, que se desempeñó como rectora del área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Diputación de Badajoz durante los 2015 y 2023; Manuel Candalija Valle, jefe de servicio de actividades culturales, juveniles y deportivas ente diciembre de 2015 y agosto de 2023, y actualmente director del área de Cultura, Deporte y Juventud.
Hasta aquí van cuatro investigados más y la lista de nueve la completan Félix González Márquez, actualmente jefe de sección de gestión administrativa y asuntos generales y anteriormente jefe de servicio de gestión de Recursos Humanos , inspección y evaluación de desempeño; Emilia Pareja Gala, directora del área de Cultura , Juventud y Bienestar de la Diputación hasta julio de 2023 , y actualmente coordinadora de la Delegación del Área de Igualdad, y Francisco Martos Ortíz, diputado del PSOE extremeño del Área de Cultura y Deportes desde junio de 2019.
Lo que está claro, al menos, es que al hermano del jefe del Ejecutivo se le mantiene bajo la lupa en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz por tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude fiscal.
