La Unió Llauradora ha expresado su «profunda indignación» ante la ayuda del Gobierno de 5.000 euros para l a compra de vehículos nuevos o de ocasión por combustión, «que son la mayoría» de los dañados por la DANA en Valencia , y de 10.000 euros para los eléctricos o híbridos. A su juicio, esta prestación supone «una burla» porque los afectados por la catástrofe deberán pagar más de 5.000 euros en impuestos cuando compren un vehículo nuevo. Tras un análisis de los datos proporcionados, un vehículo con un precio base de 18.173,55 euros genera un IVA de 3.816,45 euros y un impuesto de matriculación de 595 euros. Esto significa, según la entidad agraria, que el Estado recupera «rápidamente» los 5.000 euros en forma de impuestos, con lo que «la ayuda es prácticamente el mismo importe que los impuestos que se pagan». Por ello, solicita que se mantenga la ayuda y que se condone el pago de los impuestos (IVA e impuesto de matriculación) ligados a la compra de vehículos de personas que los han perdido por la DANA . También propone que la ayuda se amplíe en un importe equivalente a los impuestos ligados a la adquisición de vehículos. Otro pago inmediato para los afectados será el del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica ( IVTM ), que gestionan los ayuntamientos y a cuyo pago estarán también obligados «a no ser que les eximan a todas las personas que figuren en el permiso de circulación a 1 de enero del año en curso». Para La Unió, resulta « inaceptable » que se destinen fondos públicos a medidas que no tienen un «impacto real» en la economía de las familias afectadas por la riada: «Exigimos que el Gobierno reconsidere sus prioridades y destine más recursos para todos los afectados, con un mayor esfuerzo y compromiso para apoyar a quienes realmente lo necesitan en estos momentos críticos». La medida de los 5.000 euros se incluye en un plan dotado con 465 millones de euros para renovar el parque móvil tras los destrozos causados por la DANA . En este paquete se incluye una ayuda directa que va de 5.000 a 10.000 euros para que quienes han perdido su vehículo por el agua y el barro puedan adquirir otro. Según la administración estatal, se calcula que alrededor de 128.000 vehículos han resultado dañados, la mayoría en siniestro total.
