El magistrado Ángel Hurtado acepta la petición de llamar a declarar al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, el primero en filtrar datos de los correos de Alberto González, y a ocho periodistas que informaron sobre el caso
El bulo de Miguel Ángel Rodríguez, la última bala contra el fiscal general
Miguel Ángel Rodríguez declarará en el Supremo obligado a decir la verdad. El juez Ángel Hurtado ha decidido llamar a declarar como testigo al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso el próximo ocho de enero, además de a ocho periodistas que informaron sobre el caso de fraude fiscal de su pareja. Rodríguez fue el primero en filtrar a diversos medios de comunicación fragmentos de los correos en los que Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, negociaba un pacto con la Fiscalía, aunque trasladando información falsa sobre cómo se estaban desarrollando los hechos, provocando el desmentido del Ministerio Público.
El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso comparecerá por primera vez en sede judicial desde que arrancaron las diligencias sobre revelación de secretos en torno a los correos en los que el abogado de Alberto González Amador ofrecía un pacto a la Fiscalía para reconocer su doble fraude fiscal de 350.000 euros pero evitar la cárcel. Fue Miguel Ángel Rodríguez quien, en la noche del 13 de marzo, difundió un mensaje a varios periodistas con extractos textuales de uno de esos correos pero difundiendo un bulo: dando a entender que la oferta de pacto había partido de la Fiscalía -había sucedido al revés- y que esa oferta había sido retirada por “órdenes de arriba” para perjudicar a González Amador y someterle a un proceso judicial más largo.
Varios medios de comunicación publicaron esa información falsa de los hechos. Poco antes de esas publicaciones, el diario El Mundo había afirmado que el ofrecimiento había partido de Fiscalía, aunque omitiendo que el pacto se había frustrado por “órdenes de arriba”. Esas informaciones fueron las que provocaron que el Ministerio Público recabara esos correos y emitiera un comunicado desmintiendo las falsedades, lo que tras una denuncia de González Amador derivó en la apertura de diligencias que, meses después, mantienen imputado al fiscal general.
Entre otras medidas, el juez ha pedido al diario El Mundo para que envíe “copia de la noticia originalmente publicada a las 21:29 horas” de esa noche, la que originó los movimientos de la Fiscalía.
La Fiscalía ya ha alegado en varias ocasiones que el primero en difundir información de esos correos fue el propio Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ahora el juez del Supremo, Ángel Hurtado, ha aceptado que acuda a declarar como testigo, obligado por tanto a decir la verdad. También pone en marcha otra diligencia que el fiscal general considera clave para defender que él no filtró esos correos esa noche del 13 de marzo: llamar a declarar, también como testigos, a ocho periodistas de distintos medios que publicaron los emails o hicieron alusión a su contenido.
Este interrogatorio de Miguel Ángel Rodríguez servirá, por tanto, para dilucidar si una parte de los correos de Alberto González Amador ya circulaban entre los medios de comunicación antes de que los obtuviera el fiscal general cuando los pidió para desmentir las informaciones falsas que se estaban publicando.
El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, con una larga trayectoria en la comunicación política desde sus servicios a José María Aznar en la década de los noventa, asumió de forma personal la defensa de Alberto González Amador después de que elDiario.es revelara que había sido denunciado por la Fiscalía por defraudar más de 350.000 euros usando un entramado de facturas falsas. Entre otras cosas, Rodríguez amenzó a una periodista de elDiario.es con el cierre del periódico y difundió falsamente que dos redactores de este medio había acudido, encapuchados y disfrazados, a casa de Isabel Díaz Ayuso para intentar colarse.
La causa abierta en el Tribunal Supremo intenta averiguar si Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ordenó filtrar o filtró personalmente los correos de Alberto González Amador en la noche del 13 de marzo, después de requerirlos al fiscal del caso para desmentir las falsedades que se publicaban sobre el pacto que el empresario había ofrecido al Ministerio Público. Se encuentra imputado por revelación de secretos junto con Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid.
Por el momento la única diligencia que ha puesto en marcha el instructor ha sido requisar los móviles y ordenadores de los dos imputados para analizar siete meses de mensajes y correos buscando pruebas de la supuesta filtración. Un primer informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre el material incautado a Pilar Rodríguez ha servido a los agentes para concluir que la filtración procedió de la Fiscalía aunque los correos analizados no digan nada al respecto.
El juez también se hace eco este martes de una serie de peticiondes de la acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que entre otras cosas pidió investigar si el pasado 30 de octubre, durante los registros, el fiscal general manipuló un teléfono móvil con la teniente fiscal en el patio central del edificio.
Después de pedir a la Fiscalía que conservara las imágenes de unas cámaras de seguridad inexistentes y de ignorar el acta que refleja que, para esa hora, la UCO ya había terminado de analizar el terminal y había devuelto su teléfono al fiscal general, el juez Hurtado constata “la inviabilidad de la diligencia de visionado de las imágenes grabadas interesadas” y llama a declarar como testigo la semana que viene a Salvador Viada, presidente de la asociación y quien supuestamente presenció la escena. También pide, a petición de esta acusación, que la Fiscalía informe sobre si ha abierto algún tipo de investigación interna sobre la filtración.
