Bélgica ha aprobado este 1 de diciembre una nueva ley que dota de derechos a las trabajadoras sexuales (el 95% son mujeres), equiparando su profesión a la de sectores tradicionales, y que sigue a la despenalización de la actividad, aprobada también en el país belga en 2022 tras meses de protestas. De esta manera, salen de la zona gris donde su actividad ya era legal pero no era reconocida como tal. Aunque hay otros países europeos donde la prostitución está legalizada, como Países Bajos o Alemania, Bélgica se convierte desde este lunes en el país que otorga más derechos laborales a este colectivo en todo el mundo. Desde ahora, las prostitutas estarán amparadas por un contrato laboral, que deberá garantizar la cobertura de la seguridad social y el cumplimiento de lo que establezca la legalidad relativas a la duración del tiempo de trabajo, las vacaciones o a la remuneración. La nueva ley también garantizará a estos trabajadores protección contra riesgos en su lugar de trabajo. Además, tendrán la opción de ejercer como trabajadoras autónomas o asalariadas. Para quienes opten por el trabajo por cuenta propia, se ha establecido un estatuto específico para ellas, mientras que en el caso de las asalariadas, la legislación incluye la despenalización y regulación de ciertas formas de proxenetismo. Un aspecto clave de la normativa es el respeto por los derechos de las trabajadoras sexuales, especialmente su derecho a rechazar a un cliente o a interrumpir el acto sexual en cualquier momento que lo consideren necesario. También tendrán derecho a negarse a determinadas prácticas sexuales o imponer sus propias condiciones a las actividades que realicen, sin que ello pueda ser motivo de despido. En definitiva, El objetivo de la ley (aprobada en una larguísima sesión parlamentaria entre el 2 y el 3 de mayo de este año) es conceder a las trabajadoras sexuales los mismos derechos y protecciones que el resto de empleados en cualquier otra actividad de prestación de servicios. En cuanto a la regulación de los proxenetas, estos también han recibido un estatuto que delimita las condiciones bajo las cuales pueden emplear a trabajadoras sexuales en un local. Para reforzar la seguridad de la trabajadora, la ley exige que las habitaciones del burdel cuenten con un «botón de emergencia» que puedan usar si sus derechos no están siendo respetados. Esta medida ha sido ampliamente elogiada por defensoras de la norma y organizaciones de trabajadoras sexuales que han contribuido a su redacción. El estatuto del proxeneta también exige que los empleadores presenten sus antecedentes penales y obtengan una autorización específica para operar un prostíbulo. Si han cometido algún delito anteriormente, no podrán abrir un burdel. Sin esa licencia, el proxenetismo sigue estando prohibido y si un empleador sigue controlando trabajadoras sexuales fuera del marco legal establecido, puede ser procesado. Además, se les impone garantizar la higiene del lugar, incluyendo ropa de cama limpia, disponibilidad de preservativos y controles médicos regulares para las trabajadoras. A su vez, están obligados a garantizar la disponibilidad permanente de una persona de confianza que asista y proteja a las prostitutas en caso de que se encuentren en una situación de peligro.
