Los administradores de las pensiones del Poder Judicial descartaron las recomendaciones del último estudio actuarial que proponía limitar, durante 15 años, el ajuste anual en el monto de las pensiones de los jubilados y reducir el porcentaje del beneficio por sucesión en caso de viudez, como medidas para mejorar la solvencia del régimen.
Estas dos opciones de reforma se incluyeron en la Valuación Actuarial al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial 2024, elaborada en abril pasado, debido a que el sistema enfrenta un déficit millonario y no puede garantizar el cumplimiento de los compromisos de pago futuros para todos sus afiliados.
La Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial confirmó que no implementará las opciones presentadas en el estudio, argumentando que estas afectarían los beneficios en la vejez y contravendrían los principios sociales de seguridad jurídica del régimen.
“La Junta valoró estas alternativas y estimó conveniente adoptar otras opciones viables para obtener efectos positivos en la propuesta de reforma”, recalcó la entidad. Sin embargo, los posibles cambios no fueron precisados debido a que aún están en proceso de creación, se justificó por escrito.
El estudio reveló que, al cierre de 2023, el fondo registraba un déficit actuarial de ¢634.154 millones. En caso de adoptar las recomendaciones, el desequilibrio se reduciría a ¢521.879 millones. Sin embargo, si no se toman medidas y los rendimientos de las inversiones de la reserva son bajos, el déficit podría aumentar a ¢946.808 millones, según el informe.
La reforma sugerida por el actuario Raúl Alberto Hernández planteó que, durante 15 años, a los jubilados actuales solo se les reconozca un ajuste equivalente al 50% del índice de precios al consumidor (IPC). Actualmente, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que las pensiones en curso de pago y los beneficios futuros deben ajustarse con base en el IPC.
“El hecho generador son las variaciones en el índice de precios al consumidor, pero la norma no indica que deben apegarse a ese valor. Por lo tanto, se propone ajustar por inflación solamente el 50% de los derechos en curso de pago por un periodo de quince años”, se indica en el estudio.
El otro cambio planteado fue reducir la tasa de sucesión del 80% al 50%, ya que el porcentaje actual se considera elevado. El estudio sugiere establecer un rango de cuantías según la edad del cónyuge.
El 80% del monto de pensión se mantendría si el beneficiario de la sucesión tiene más de 65 años o presenta alguna discapacidad. El porcentaje disminuiría al 65% si el viudo o viuda tiene entre 50 y 59 años, y al 50% cuando la persona es menor de 50 años, según el estudio.
“Debido a que el déficit actuarial observado durante los últimos años obedece a los derechos en curso de pago, los ajustes deben realizarse sobre este grupo de miembros (actualmente 4.200 personas)“, se justificó en el estudio actuarial.
Si se implementan las sugerencias, además de reducir el déficit, la razón de solvencia del sistema de jubilación pasaría del 76,92% actual al 80,03%. Este indicador mide la capacidad del fondo para pagar los compromisos de pensión futuros.
La política de solvencia del fondo de pensiones del Poder Judicial establece el 80% es el porcentaje óptimo en la tolerancia de riesgo del sistema.
El fondo de pensiones judicial experimentó un cambio profundo en el 2018 para reducir el déficit actuarial, que entonces era de ¢5,3 billones. Aunque el desequilibrio disminuyó los problemas del sistema continúan.
En el escenario base del estudio actuarial, con población cerrada, los ingresos por cotizaciones y las ganancias de las inversiones del fondo serán suficientes para cubrir los pagos de las pensiones hasta el 2034.
A partir de esa fecha, el sistema empezaría a utilizar las ganancias de las inversiones de la reserva para financiar los beneficios, agotándose en el 2046, según proyecta el estudio.
Una manera de nivelar el desajuste sería incrementar el aporte de la contribución al régimen. Sin embargo, este es un escenario descartado en el informe, en parte porque los trabajadores judiciales y la Corte, como patrono, hacen la contribución más alta a un régimen básico con un 13% y 14,36%, respectivamente. En el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte es del 4,17% el trabajador y 5,58% el patrono. El Estado aporta 1,57% en ambos sistemas.
El informe actuarial resalta que la inestabilidad financiera del fondo judicial tiene su origen en los beneficios otorgados previo al 2018. “El escenario de beneficios devengados muestra un déficit actuarial importante, cuyo origen está en los derechos que fueron otorgados previo a la reforma del año 2018 en condiciones actuarialmente laxas", se indica en el reporte.
Los administradores del régimen destacaron como positivo que el déficit actuarial pasó de ¢690.000 millones, en el 2020, a ¢634.154 millones al cierre del año pasado.
Los cambios aprobados en la Asamblea Legislativa, hace seis años, elevaron la contribución de los trabajadores activos y los pensionados del 11% al 13%.
El cálculo de la cuantía de la pensión también se redujo del equivalente al 100% del promedio de los últimos 24 mejores salarios, al 82% del promedio de los últimos 20 años de salarios. También se elevó la edad de retiro de 62 a 65 años.
Además se estableció un tope de jubilación equivalente a 10 salarios base de un empleado judicial, con lo cual la cuantía hoy es de ¢4,6 millones; y un aporte solidario para las pensiones más altas otorgadas antes del cambio legal.
La reserva del régimen finalizó el 2023 con un saldo de ¢775.256 millones y generó una ganancia neta de ¢26.885 millones respecto al 2022. Se prevé que la reserva cierre este año en ¢811.965 millones, un incremento de ¢36.709 millones, según la valuación actuarial.
En cuanto a la rentabilidad de las inversiones, fue de 11,53%, impulsada principalmente por el efecto de la valoración, pese a la caída del tipo de cambio y a la inflación negativa al cierre del año pasado, según el informe.
“Durante los últimos siete años, el fondo muestra una rentabilidad promedio de 4,91%, a pesar de la rentabilidad real observada en el 2022, la cual fue de -3.36%“, se destaca.
Por el lado de los ingresos, las cotizaciones generaron ¢102.029 millones, lo cual representa un aumento del 4,1% respecto al año anterior, cuando fueron de ¢97.991 millones. Al sistema contribuyen 14.000 empleados judiciales, entre jueces, fiscales, policía, investigadores judiciales y defensores públicos.
En cuanto a los ingresos financieros, estos ascendieron a ¢97.439 millones el año pasado, una disminución del 8,8% respecto a los ¢106.856 millones de 2022.
En el gasto, el pago de pensiones ascendió a ¢99.627 millones, lo cual significó un incremento del 4,8% respecto a los ¢94.986 millones del año previo. El incremento se atribuyó, principalmente, a la incorporación de nuevos jubilados al sistema.
