Como era de esperar, la Comisión de Investigación del «caso Koldo» del Senado iba a encontrarse con muchas trabas en su desarrollo porque tiene a todo el Gobierno en contra. Eso se ha podido comprobar con la falta de colaboración del Ministerio del Interior para localizar a figuras clave de las diversas tramas de corrupción que ahora mismo cercan al Gobierno. Pero también con cómo personas cercanas al entorno de Pedro Sánchez y conectadas a Begoña Gómez han eludido dar explicaciones. En este sentido, ni la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, que buscó patrocinadores para el máster de la Complutense de Gómez, ni Javier Hidalgo, CEO de Globalia y en el punto de mira por el rescate de Air Europa y sus conexiones con la esposa del presidente del Gobierno, quisieron responder a las preguntas de los grupos parlamentarios en su comparecencia del viernes. Tampoco parece que esté colaborando en nada Juan Carlos Barrabés, socio de Gómez.
Según ha podido saber LA RAZÓN, Barrabés es el único que ha negado a la Comisión de Investigación toda la documentación que ha pedido sobre sus empresas, contratos o patrocinios. En este sentido, cabe recordar que Barrabés tiene a sus mandos un entramado empresarial (controlado desde una «holding» familiar) y el Senado ha pedido documentos sobre las sociedades que se han adjudicado contratos públicos; y, también cabe señalar que, desde que conociera a Gómez gracias al máster de la Complutense (según declaró él mismo ante el juez como testigo), se ha contabilizado la adjudicación de decenas de contratos públicos, de los cuales hay 44 a dedo y tres, por valor de más de diez millones de euros entre 2021 y 2023, tras una carta de recomendación directa de la esposa del presidente.
Barrabés, por tanto, es un hombre clave en toda la investigación judicial que se está llevando a cabo sobre Gómez por un presunto delito de tráfico de influencias y se niega a colaborar con el Senado para el esclarecimiento de sus actividades. Pero no son los únicos problemas de documentación que se ha encontrado la Cámara Alta hasta ahora, ya que también la Agencia Tributaria «debe muchísimos datos» al Senado sobre empresas. De hecho, el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, también había rechazado aportar «papeles» sobre los préstamos de la SEPI a Air Europa, aunque el propio Hidalgo los llevó el pasado viernes en su comparecencia. Además, el Ministerio del Interior también ha negado contratos vinculados a la trama de corrupción.
Por la Comisión de Investigación del «caso Koldo han desfilado ya varios ministros del Gobierno y figuras destacadas en la trama, como el propio Koldo García e Hidalgo. Sin embargo, tanto Koldo García como Hidalgo se negaron a contestar a las preguntas de los grupos parlamentarios y eso ha desatado las quejas del PP, que ha trasladado al letrado de la propia Comisión para que estudie cómo evitar la «colisión de derechos» que se produce entre los comparecientes que se niegan a hablar y los senadores que buscan saber.
Por delante, la nómina de comparecientes que queda es amplia: de todos ellos, hay una persona que puede generar un terremoto, que es la empresaria Carmen Pano, quien, presuntamente, habría entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en calle Ferraz. Pano, junto a Leonor María González, dirigía «Have Got Time», distribuidora de hidrocarburos al por mayor, que contrató a Aldama para hacerse con una licencia de operadora de Hidrocarburos y fue la empresa que compra el chalet para José Luis Ábalos (lo compra y se lo alquila con opción a compra). También comparecerán Manuel Sayes, vinculado al caso de los hidrocarburos, quien ha viajado presuntamente a Venezuela con Koldo García; y, Luis Alberto Escolano, socio de Aldama y es quien presuntamente abonaba el piso de Jésica, supuesta pareja del exministro socialista Ábalos.
