En los primeros meses de la Guerra Civil algunos grupos de militares sublevados se quedan bloqueados en zona republicana. Así sucede en los cuarteles de Loyola en Guipúzcoa, de la Montaña en Madrid y de Simancas en Gijón, pero también quedan aislados el Alcázar de Toledo y el santuario de Santa María de la Cabeza en Jaén. Los dos primeros caen solo en cuestión de días; el de Simancas, a finales de septiembre de 1936, y el reducto de Andújar en mayo de 1938, tras nueve meses de resistencia numantina, empeñada la República en contrarrestar el uso propagandístico que el otro bando había hecho de la tenaz resistencia de la fortaleza sobre el cauce del Tajo.
Solo el Alcázar es liberado el 27 de septiembre de 1936 –la lucha en ese punto se había iniciado el 21 de julio– por el Tercio de la Legión al mando del general José Enrique Varela, «gracias a la obstinada determinación del propio Franco, que intuye la extraordinaria trascendencia de este nuevo cerco en el terreno de la propaganda», según Daniela Aronica, periodista y docente de la Universidad de Barcelona.
Este episodio de la Guerra Civil acaba de ser puesto de actualidad por una denuncia de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que explica cómo «en la página web del Ministerio de Defensa se ofrece en diferentes formatos información sobre la historia del Alcázar de Toledo, donde en la actualidad se encuentra ubicado el Museo del Ejército. En algunas de esas informaciones se dice de la historia del Alcázar, tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936: “Durante la Guerra Civil, el Alcázar soportó un constante asedio durante 70 días que tuvo como resultado una nueva destrucción”. En otras ocasiones “se omite y oculta el momento histórico”», reza el escrito dirigido a la cartera de Margarita Robles.
El Alcázar de Toledo, continúa el texto, «no sufrió “un asedio”. Tras el golpe de Estado de julio de 1936 los golpistas se atrincheraron en él, utilizando recursos públicos del Ejército para asaltar el poder violentamente, y el Gobierno democrático de la Segunda República hizo todo lo posible por recuperarlo y restablecer en él la legalidad».
Para Emilio Silva, presidente de la asociación y nieto de la primera víctima de la represión franquista identificada genéticamente, «decir que el Alcázar fue asediado por el Gobierno legal es como afirmar que quienes en 1981 intentaron sacar al coronel Tejero del Congreso de los Diputados querían asaltar el Parlamento».
La ARMH solicita, en consecuencia, que «se termine de utilizar la narrativa de la dictadura para contar la historia del Alcázar de Toledo, que se haga un relato democrático del mismo que denuncie a los golpistas y que se explique cómo fue utilizado por la dictadura para su propaganda y que fue visitado por personalidades del fascismo europeo, como Heinrich Himmler, jefe de la policía de Adolf Hitler, que lo visitó en octubre de 1940, una visita que está muy bien documentada gráficamente».
No es la primera vez que esta asociación llama la atención de las administraciones públicas. Ya el pasado mes de septiembre, la ARMH acusó al Gobierno de Castilla-La Mancha de «blanquear el franquismo» en su portal de Cultura, donde indicaba que el Alcázar de Toledo había sido utilizado «como punto defensivo» por el coronel Moscardó durante la Guerra Civil, cuando, en realidad, «era el atacante de un golpe de Estado».
Se reclamó así al Ejecutivo del socialista Emiliano García-Page un relato que evitara blanquear la dictadura y explicara, como también pide ahora el colectivo memorialista al Ministerio de Defensa, «quiénes fueron los golpistas y qué hicieron».
Entonces se instó a la Junta a usar de forma precisa los términos para referirse al episodio bélico, puesto que, según la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, «el coronel José Moscardó no estaba defendiendo el Alcázar, sino que lo estaba atacando, ocupándolo ilegalmente para facilitar el triunfo de un golpe de Estado y construir una terrible dictadura de casi cuatro décadas».
La fortaleza toledana, donde precisamente se halla enterrado Moscardó –también Jaime Milans del Bosch–, ha sido diana recurrente de los memorialistas tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. Aunque la cripta funeraria no entra en el recorrido del Museo del Ejército y su acceso está limitado a los familiares, los colectivos rechazan que los restos continúen en un edificio público.
Acerca de la denuncia de la ARMH, fuentes del Ministerio de Defensa respondían ayer a este diario que no había todavía una respuesta por su parte.
