En diciembre de 2024, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) llevará a cabo un proceso de empadronamiento en distintos puntos del país, como parte de su iniciativa para entregar títulos de propiedad sin costo. Esta acción está dirigida a ciudadanos que cumplan con tres condiciones específicas establecidas en las normativas correspondientes.
Las zonas incluidas en este programa abarcan áreas urbanas y rurales que han sido consideradas prioritarias por Cofopri. Además, la entidad se ha propuesto facilitar el acceso a la documentación que acredite la tenencia legal de los terrenos, lo que contribuye al desarrollo planificado de las regiones y al bienestar de las familias que participan en el proyecto.
El empadronamiento abarcará las siguientes regiones: Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima y Callao, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. Para corroborar si el lugar donde te encuentras ubicado es beneficiario, consulta los lugares exactos a través del siguiente enlace.
Para acceder a esta formalización, los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
No, no es indispensable contar con una constancia de terreno para tramitar el título de propiedad. El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) ha prescindido de este requerimiento siempre que el lote figure en el catastro nacional y cumpla con las disposiciones legales aplicables a la propiedad informal.
Para avanzar en el trámite, los solicitantes deben acreditar que ocupan o utilizan el predio de manera habitual. Además, Cofopri se encarga de verificar que la propiedad esté correctamente registrada en su sistema y no enfrente disputas legales, asegura la viabilidad del proceso.
La Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) es una entidad responsable de proporcionar servicios de diagnóstico y regularización legal y técnica de los bienes inmuebles de propiedad pública. Su función abarca la evaluación de los inmuebles vinculados a proyectos de inversión en infraestructura y servicios públicos del Estado.
Este proceso es esencial para asegurar la legalidad y la correcta gestión de los bienes inmuebles en el sector público, lo que, a su vez, favorece el desarrollo y la transparencia en la administración de los recursos estatales.
