El futuro de Muface, la mutualidad que garantiza la atención sanitaria a los funcionarios públicos en España, está atravesando una de las crisis más profundas de sus 50 años de historia. Con un modelo basado en conciertos con aseguradoras privadas, su viabilidad está siendo cuestionada tanto por las compañías de seguros como por organizaciones sindicales y el propio Ministerio de Sanidad, que sugieren alternativas o incluso la integración de los mutualistas en el sistema público de salud.
El 20 de noviembre, Muface anunció oficialmente la apertura de una segunda licitación para el próximo concierto de asistencia sanitaria, tras quedar desierta la primera. Este hecho provocó que por primera vez las principales aseguradoras (ASISA, Adeslas y DKV) decidieran retirarse del modelo, argumentando insuficiencia en la financiación ofrecida. Según estas empresas, las primas ofrecidas por el Estado, pese a haber alcanzado un incremento histórico del 17,12%, no cubrían los costes reales de la atención a los mutualistas.
El organismo ha reaccionado recurriendo a un mecanismo de consultas preliminares de mercado, que permite obtener información detallada sobre los costes que las aseguradoras consideran necesarios para cubrir los servicios. Este proceso, cuyo plazo culmina el 4 de diciembre, busca aportar mayor transparencia a la negociación y mejorar las bases del contrato. Sin embargo, no obliga a Muface a aceptar las propuestas recibidas.
Las aseguradoras han sido criticada por los sindicatos y por asociaciones de sanidad pública, acusándoles de intentar maximizar beneficios a costa del Estado. Según los sindicatos de funcionarios, estas empresas han adoptado una postura "insaciable", argumentando que el modelo está infrafinanciado para justificar su retirada. A su vez, desde el Ministerio de Sanidad se cuestiona la continuidad del modelo de Muface, sugiriendo que los mutualistas podrían ser integrados en el sistema de salud pública.
Un ejemplo del deterioro de relaciones es la carta enviada recientemente por Adeslas a los mutualistas, en la que la aseguradora advierte que, a partir del 31 de enero, dejará de prestarles atención médica si no se alcanza un nuevo acuerdo. Esto ha generado preocupación entre los funcionarios, a lo que Muface ha respondido garantizando que ninguno de sus afiliados quedará desatendido.
En medio de esta crisis, ha surgido una propuesta que es la creación de un modelo de mutualidad directa, impulsado por la Asociación Unión Médica Profesional (Unipromel), que representa a más de 10.000 médicos autónomos. Según Unipromel, este sistema prescindiría de las aseguradoras, permitiendo que los propios médicos gestionen la atención sanitaria de los mutualistas. El proyecto contemplaría la colaboración de 600 hospitales y 40.000 facultativos.
Aunque todavía se encuentra en una fase inicial, la propuesta ha captado la atención de diversos sectores al ofrecer una solución que podría reducir los costes derivados de la intermediación de aseguradoras y garantizar la sostenibilidad del modelo. Sin embargo, su implementación requeriría cambios normativos y un consenso político que no parece sencillo de alcanzar en el corto plazo.
Mientras tanto, los sindicatos de funcionarios públicos han convocado movilizaciones para el 11 de diciembre en defensa del modelo actual. Acusan al Gobierno y a las aseguradoras de poner en riesgo la estabilidad de Muface y la calidad de la atención sanitaria de los mutualistas. Estos reclaman una financiación adecuada que garantice la continuidad del sistema sin recurrir a soluciones drásticas, como su integración en la sanidad pública.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, del que depende Muface, mantiene que el modelo puede adaptarse a los nuevos tiempos, siempre que se logren acuerdos razonables con las aseguradoras. Pese a ello, la falta de avances concretos ha generado incertidumbre entre los más de 1,5 millones de mutualistas que dependen del sistema.
