La Presidencia de la República presentó un proyecto de ley para cerrar el Ministerio de Gobernación y Policía. Los órganos desconcentrados de esta cartera, como la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) y la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), seguirán existiendo, pero bajo la tutela de otras instituciones.
Laura Fernández, ministra de la Presidencia y Planificación, descartó que se vayan a producir despidos a raíz de la reforma.
“Por el cierre no se van a quedar sin trabajo (los funcionarios del Ministerio). Las plazas que actualmente tienen se van a reubicar en estricto apego a sus derechos laborales a los ministerios que asumirían las competencias, por ejemplo, al Ministerio de Seguridad, al Mideplán y al Ministerio de la Presidencia”, declaró en un comunicado de prensa divulgado por Casa Presidencial, el 26 de noviembre.
Bajo el alero del Ministerio de Gobernación y Política, operan Dinadeco, Migración, el Tribunal Administrativo Migratorio, la Imprenta Nacional y la oficina de Programación Publicitaria.
La administración de Rodrigo Chaves sostiene que el cierre es necesario porque la cartera de Gobernación y Policía perdió “su razón de ser y es posible reorientar sus competencias, recurso humano, físico y financiero a otras instituciones existentes”.
El texto enviado a la Asamblea Legislativa expone que, si bien el Ministerio de Gobernación y Policía tuvo un rol esencial en materia del desarrollo del país, con la dirección de las gobernaciones de provincia, comenzó a perder competencias con la creación del Ministerio de Seguridad Pública, en 1973.
Explica que, aunque la cartera de Seguridad Pública se encargó de dirigir la Guardia Rural, hoy denominada Fuerza Pública, se mantuvo la denominación de “policía” en el actual Ministerio de Gobernación y Policía.
La ministra Fernández justificó la reforma en una pérdida del direccionamiento del Ministerio de Gobernación y Policía, ya que desde 1995 ha estado bajo el liderazgo del jerarca de Seguridad Pública.
En 1991, se realizó una integración funcional del Ministerio de Gobernación y Policía con la del Ministerio de Seguridad Pública, bajo una misma jerarquía, lo cual se concretó mediante el decreto ejecutivo 20638-P. En ese entonces, se le asignaba al ministro de Gobernación y Policía el recargo de Seguridad Pública.
No obstante, esta dinámica cambió en 1995, con el derecreto ejecutivo 24436-P. A partir de este momento, se delegó al titular Seguridad Pública el recargo de Gobernación, práctica que ha continuado hasta la actualidad, indistintamente de la administración de turno.
La propuesta de ley también advierte sobre la inexistencia de un marco competencial definido para Gobernación y Policía, al no contar con una ley orgánica. Según el proyecto, “el principal sustento jurídico de su creación” es su inclusión en la lista de las carteras ministeriales que conforman el Poder Ejecutivo y que se encuentra definida en el artículo 23 de la Ley General de Administración Pública.
La iniciativa del Poder Ejecutivo coloca a Dinadeco bajo la sombrilla del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), a la Imprenta Nacional en el Ministerio de la Presidencia, y al Tribunal Administrativo Migratorio y la Dirección de Migración en el Ministerio de Seguridad Pública.
De la misma forma, se eliminarían las juntas administrativas de la Imprenta Nacional y de la DGME, para que las instituciones asuman directamente sus competencias, “excepto aquellas que le corresponden al jerarca o sean propias”.
La propuesta remitida a la Asamblea Legislativa fue suscrita por el presidente Chaves, Laura Fernández y el ministro de Seguridad y Gobernación, Mario Zamora.
El expediente 24.719 también hace modificaciones a leyes, para trasladar las responsabilidades de Gobernación y Policía a otros ministerios. Así ocurre con los artículos 20 y 28 de la Ley de Aguas. En ambos numerales se cambia la redacción para que las tareas relacionadas con procesos de expropiación sean asumidas por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
El texto también delega en el Ministerio de Justicia y Paz funciones relacionadas con la propaganda, establecidas en las leyes para regular la propaganda que utilice la imagen de la mujer y en la que prohíbe la difusión de propaganda que degrade a la persona adulta mayor.
Igualmente, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) sustiruiría a Gobernación y Policía en el articulado de la Ley marco para la declaratoria de zona urbana litoral y su régimen de uso y aprovechamiento territorial.
La exposición de motivos del proyecto menciona que más del 80% del presupuesto de Gobernación y Policía se traslada a sus órganos desconcentrados, y que menos del 6% de los puestos están asignados a funciones directas del Ministerio.
El documento detalla que el Control de Migración y Extranjería, asociado a la DGME, consume la mayor parte del presupuesto, con un 41,75%. Le sigue el programa Desarrollo de la Comunidad, gestionado por Dinadeco, que representa un 34,71%. El programa de Actividad Central del Ministerio abarca solo el 16,28%, mientras que la Imprenta Nacional utiliza un 6,65%.
Adicionalmente, el programa Tribunal Administrativo Migratorio recibe el 0,42% y el de Programación Publicitaria el 0,19%.
Una situación similar se refleja en la distribución de puestos. Actividades Centrales del Ministerio tiene asignadas solo 83 plazas. En contraste, Control de Migración y Extranjería, 876; la Imprenta Nacional, 167; Desarrollo de la Comunidad, 141; el Programa Tribunal Administrativo Migratorio, seis y Programación Publicitaria, cuatro.
