Los países de la Unión Europea cuentan con límites para los pagos en efectivo, una medida que trata de prevenir el fraude fiscal, el blanqueo de capitales o los pagos en negro. A partir de 2027, será la propia institución comunitaria la que tome medidas, estableciendo un tope a los pagos en efectivo a través de un reglamento que ya ha sido aprobado y que se prevé será plenamente operativo a partir de ese año.
Se trata de un reglamento contra el blanqueo de capitales, que entró en vigor el pasado 9 de julio, y que pretende frenar estas actividades ilícitas instaurando un máximo común para los pagos en efectivo.
Así, para 2027, todos los países de la Unión Europea deberán establecer un límite máximo de 10.000 euros para pagos en efectivo en transacciones comerciales. La Unión ha impulsado este límite para proteger el equilibrio del mercado interior europeo, ya que considera que las diferencias entre las diferentes regulaciones de los países provoca disparidades que perjudican a las empresas ubicadas en países con umbrales más estrictos.
La medida obligará a 10 países que actualmente no tienen ningún límite para pagos en efectivo (como Alemania, Irlanda, República Checa o Suecia) a instaurarlo. Sin embargo, este límite no es fijo, ya que los estados podrán establecer uno más estricto, por debajo de los 10.000 euros, remitiendo un informe al Banco Central Europeo.
En el caso de España, nuestro país ya cuenta con un límite de pagos en efectivo dentro del límite establecido por el reglamento. De hecho, España tiene uno de los marcos regulatorios del uso en efectivo más estrictos de toda la UE, con un límite de 1.000 euros, establecido para combatir el fraude fiscal. Solo Grecia tiene un límite inferior (500 euros).
El objetivo del reglamento es establecer un marco común para todos los países de la UE, pero no obliga a países como España, que ya tienen esta restricción por debajo de los 10.000 euros, a modificar sus cantidades.
Foros como la Plataforma Denaria apuestan por ampliar el límite que actualmente tiene España, dentro del reglamento europeo, ya que defienden que límites estrictos en el uso del efectivo pueden perjudicar a las empresas nacionales respecto a otras con límites más laxos en sus países.
