Las universidades públicas acumulan 15 años de infrafinanciación en la Comunidad de Madrid. No se trata de un lento reequilibrio del sistema ni de una política coyuntural; es un declive deliberado, es un modelo
Cuando Isabel Díaz Ayuso fue nombrada alumna ilustre de la Complutense, se defendió de las críticas argumentando que ella le había dado siete años de su vida a esa universidad. Y sobre la misma universidad a la que le dio siete años de vida, sobre la UCM, Ayuso dijo hace unos días que “otorga títulos como churros” y está “colonizada por partidos de izquierdas”. No juzguemos la primera afirmación, quizá estaba haciendo un ejercicio de autocrítica. Pero sobre la segunda: curiosa colonización de izquierdas la que va por ahí otorgando títulos a gobernantes de derechas.
El goteo de retórica antiintelecutal y el cuestionamiento y vilipendio a las universidades públicas por parte de la Comunidad de Madrid no es fenómeno nuevo, ni siquiera reciente, pero sí que ha alcanzado un punto lo suficientemente alarmante como para que las seis universidades públicas de Madrid (Universidad de Alcalá, Universidad Autónoma, Universidad Carlos III, Universidad Complutense, Universidad Rey Juan Carlos y Politécnica) hayan lanzado un comunicado en el que hablan directamente de insostenibilidad del sistema por la congelación de sus presupuestos por parte de la Comunidad de Madrid. La partida destinada a las universidades públicas madrileñas aumentará en 2025 en un -agarraos de la silla- 0,47% (0,9% si se contemplan únicamente las transferencias por gastos corrientes). Y el caso de la Complutense es, precisamente, el más preocupante: cerró el año 2023 con un déficit de 65 millones de euros y para sobrevivir a esta situación deficitaria está estudiando la posibilidad de eliminar másteres, doctorados o grados con poca demanda, con el coste en la disminución de oportunidades que eso supondría.
Las universidades públicas acumulan 15 años de infrafinanciación en la Comunidad de Madrid. No se trata de un lento y cuidadoso reequilibrio del sistema, ni de una política coyuntural provocada por la situación económica (¿Cuál, por cierto, si Madrid es una potencia económica?); es un declive deliberado en pro de lo privado, es un modelo elegido a conciencia. El papel tradicional de las universidades públicas ha sido, en muchos sentidos, el de ofrecer un contrapeso al mercado primando el valor social sobre el económico, y eso supone una amenaza.
La pérdida de lo público amenaza el espacio que la investigación y la ciencia necesitan para crecer, amenaza el ascensor social y amenaza, en general, la libertad intelectual de los alumnos y, por tanto, de toda la sociedad. En el borrador de la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (ya en trámite) se contempla la inclusión de un “régimen sancionador específico” “frente al vandalismo, la okupación del espacio público, los escraches”, tal y como adelantó en verano el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana.“Lo que queremos es que se mantenga el orden y el decoro en la vida académica”, dijo abiertamente Viciana durante un desayuno informativo. El orden, el decoro, el mercado. No imagino nada más opuesto al espíritu de una universidad pública, en donde lo que tiene que florecer es la libertad y la crítica.
Ayuso estudió en una facultad, la de Ciencias de Información, en la que miles de periodistas y comunicadores nos formamos con ilusión mientras nos perdíamos por su indescriptible esqueleto grisáceo. Fue su elección: la universidad pública. Muchos estudiantes carecen de esa elección porque para ellos la universidad pública es la única elección posible. Y mientras las universidades públicas continúen balanceándose incómodamente sobre el vacío, lo que habrá triunfado es otra elección, en este caso una estrictamente política.
