El PP redujo en los presupuestos de 2024 de 37,9 a 19 millones de euros las partidas plurianulaes previstas para prevenir inundaciones en el río Magro o para consolidar la presa de Buseo, dañada por la DANA, además de actuaciones en la Vega Baja asolada por otro temporal en 2019
De la Unidad de Emergencias a la Agencia del Cambio Climático: la otra entidad para prevenir catástrofes que Mazón quiere eliminar
El Gobierno valenciano del PP, entonces con Vox, eliminó de los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones en una de sus primeras medidas tras las pasadas elecciones autonómicas. Esta acción que benefició principalmente a las rentas más altas implica una reducción de ingresos parar las arcas públicas de unos 550 millones de euros anuales.
Esta reducción en la recaudación quedó plasmada en numerosos recortes en los presupuestos de 2024, los primeros de la legislatura de los partidos de derecha y de extrema derecha. Según los datos recabados por elDiario.es, una de las partidas que se vieron afectadas fueron las inversiones en “infraestructuras, encauzamientos, ramblas y barrancos” correspondientes a la Dirección General del Agua.
Mientras el Gobierno del Botánico dedicó en este apartado una cuantía de 37,9 millones de euros en los presupuestos autonómicos de 2023, repartidos en diferentes años, para el presente ejercicio tan solo consignaron 19 millones de euros, un 49% menos.
En concreto, del total de la cuantía prevista por el ejecutivo liderado por Ximo Puig se consignaron para el año 2023 un total de 6,5 millones, mientras que en el caso del Consell de Mazón, el montante para 2024 es de 3,6 millones de euros.
Entre las inversiones previstas para el presente ejercicio destacan una “intervención en el barranco urbano de Benlloch” por valor 519.000 euros; el “colector interceptor de la avenida Espioca de Silla” con 700.000 euros; “protección del Río Magro en Real” con 10.000 euros; “reposición del muro de protección del barranco de la Mota en Calle San Rafael de Enguera” con 715.000 euros; un “estudio de soluciones para la defensa contra Inundaciones de la comarca de la Vega Baja” en el marco del plan 'Vega Renhace' con 280.000 euros; la “estabilización de cajeros barranco Pozalet (CV-410) en Aldaia, Alaquàs, Torrent” con 420.000 euros; o la “adecuación, consolidación, electrificación y Plan de Emergencias en la presa Buseo”, con 200.000 euros.
Así pues se trata de actuaciones en zonas que se han visto afectadas por la fatídica DANA del pasado 29 de octubre, como es el caso del barranco del Pozalet o de la presa de Buseo, de competencia autonómica y que resultó dañada por las lluvias torrenciales, hasta el punto que se ha aprobado un contrato de emergencia de 4,6 millones de euros para repararla. También han proyectos relaciones con el plan de reconstrucción de la Vega Baja, afectado por otra catastrófica DANA en 2019.
Además de los recortes presupuestarios en obras relacionadas con encauzamientos, ramblas y barrancos, los presupuestos del PP y de Vox para el actual ejercicio incluyen drásticos descensos en todo lo relacionado con la gestión de las emergencias. Así, la empresa pública Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (Sgise) en la que se integran los bomberos forestales baja de 70,1 millones en 2023 a 57,4 millones en 2024, una reducción del 18%. Además, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre) baja de 97,7 a 94,8 millones de euros.
A todo ello se une que el ejecutivo autonómico de Mazón tardó apenas cuatro meses en deshacerse de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), un organismo heredado del Gobierno anterior del Pacte del Botànic y encargado de garantizar la rápida intervención en cualquier lugar del territorio en caso de emergencias de origen meteorológico o sísmico, extinción de incendios forestales y maremotos.
El Consell también ha confirmado que eliminará de la Agencia Valenciana del Cambio Climático. Impulsada por el Gobierno del Botánico con Mireia Mollá (Compromís) como consellera de Emergencia Climática, tiene como objetivo actuar como herramienta para coordinar y ejecutar los planes para revertir el cambio climático y luchar en favor de la descarbonización en las instituciones públicas, el empresariado y el conjunto de la sociedad.
