En los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum se había planeado realizar 100 capturas de alto impacto para lanzar el mensaje de que la seguridad sí era una prioridad para la Presidenta y que enfrentaría a los criminales, entre los cuales se encontraba la detención de un sicario apodado el Tijeras, el principal responsable del atentado contra el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en junio de 2020. El Tijeras estaba ubicado en Chiapas, y su detención era parte de la estrategia que pensaba seguir García Harfuch para cambiar rápidamente la percepción de que el gobierno no hacía nada, porque era cómplice del crimen organizado. Pero no se pudo.
Las resistencias dentro del gobierno federal, donde los leales al expresidente Andrés Manuel López Obrador pertenecen al sector duro al que le molesta la presencia de García Harfuch porque no es parte de su causa sino simboliza a sus enemigos, pero es en quien descansa fuertemente Sheinbaum y lo perfilan como una de sus cartas fuertes para la sucesión en 2030, sabotearon el trabajo interinstitucional para detener al Tijeras, mediante una filtración que lo alertó y se fue del estado.
Lo que sucedió con el Tijeras es el mejor ejemplo de la lucha intestina que se está viviendo en el gobierno de Sheinbaum, donde el combate a los criminales se está cruzando con pugnas entre las facciones que existen dentro de Morena y, por razones de sobrevivencia, el realineamiento de lealtades rumbo a la sucesión presidencial en 2030.
La más clara hasta ahora es la Operación Enjambre, que escondió los primeros golpes contra el grupo político de Andrés López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador y actual secretario de Organización Electoral de Morena, a quien se señala dentro del gobierno como el principal responsable de los ataques contra García Harfuch, y las complicidades políticas mexiquenses con el crimen organizado, que propiciaron la fuga de siete funcionarios que iban a ser detenidos.
Coordinada por García Harfuch, la Operación Enjambre se ejecutó en los territorios controlados por La Familia Michoacana, que encabezan los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, que nunca operaron en Michoacán, pero fueron aliados de aquella organización criminal que fue aniquilada durante el gobierno de Felipe Calderón y renació en el de Enrique Peña Nieto. En el sexenio anterior se alió con Cárteles Unidos para enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación, y se renombró La Nueva Familia Michoacana.
Los Hurtado Olascoaga operan desde la zona de la Tierra Caliente en Guerrero, pero controlan esa misma región en el Estado de México, donde se fueron expandiendo hasta operar en 49 de los 125 municipios mexiquenses, de acuerdo con un informe elaborado el año pasado en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La Familia Michoacana tuvo la protección de altos funcionarios federales del obradorismo, y amenazaron y secuestraron a candidatos de oposición en varias contiendas municipales para neutralizarlos o eliminarlos de la lucha electoral a cambio de pagos millonarios, de acuerdo con personas con conocimiento y experiencia en algunos de esos episodios. Esas viejas alianzas fueron rotas por la Operación Enjambre.
Información pública vincula a varios de los políticos detenidos, en particular a la alcaldesa de Amanalco, María Elena Robles, como parte del grupo del senador Higinio Martínez, muy cercano a López Obrador, quien hace escasas tres semanas hizo una crítica a la política de seguridad del gobierno de Sheinbaum, que nunca hizo con anterioridad. Martínez era jefe del Grupo Texcoco, en el que se formaron la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y su secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, y se distanció de ellos porque él no fue quien se quedó con la candidatura. El golpe de la Operación Enjambre lo sintió en los municipios conurbados al oriente de la Ciudad de México, que tiene bajo su control político.
La Operación Enjambre sirvió también para ocultar el relevo de Paulina Moreno García como secretaria de Finanzas del Estado de México, y la llegada de Óscar Flores Jiménez, que había trabajado con la gobernadora en la Secretaría de Educación como su oficial mayor.
La sustitución de Moreno García fue para que Gómez se quitara una losa de encima porque la exsecretaria tenía prácticamente paralizado al estado, al no responderle a la gobernadora y secarla presupuestalmente, acatando órdenes sólo de Juan Pablo de Botton –alfil de López Beltrán–, removido por Sheinbaum de la Subsecretaría de Egresos en Hacienda, y nombrado secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, donde se concentra la mayor fuerza opositora a la Presidenta.
El cambio por Flores Jiménez, sin embargo, no es una ruptura definitiva con López Beltrán. Todavía no hay condiciones para ello. Flores Jiménez también responde a ese grupo y fue enviado como oficial mayor a Educación –donde se maneja uno de los presupuestos más grandes de la administración federal– por la pareja López Beltrán-De Botton. Pero el cambio en sí mismo es una señal. Moreno García, muy cercana a De Botton desde que estudiaron en el CIDE, estaba convertida en el principal poder en el Estado de México, desafiando al constitucionalmente instituido.
La vinculación de este episodio con el tema de la seguridad es indirecta, aunque fundamental para entender lo que está sucediendo. López Beltrán es a quien le adjudican dentro del gobierno de Sheinbaum los golpes públicos que ha estado recibiendo García Harfuch, para deslegitimarlo y desacreditarlo, como se ha estado intentando desde septiembre, a través de personas ligadas al exvocero presidencial y actual coordinador de asesores de la presidenta, Jesús Ramírez Cuevas, y al director del ISSSTE, Martí Batres, quienes encabezaron su descarrilamiento como candidato a la Jefatura de Gobierno capitalina el año pasado.
La sucesión presidencial se está cruzando en la estrategia de seguridad, demasiado pronto para ese proceso y demasiado rápido para lo que tiene que enfrentar Sheinbaum, que está buscando reforzar a García Harfuch con una mayor presencia en las mañaneras y admitiendo que acciones como la Operación Enjambre tendrán que ser una norma, no una excepción, cueste a quien le cueste.
