La intención de la Junta de Andalucía de salir del accionariado de decenas de empresas privadas no será fácil ni rápido porque se trata de bienes públicos patrimoniales cuya venta tiene limitaciones. La desinversión será aún más difícil cuando la Junta no tenga el control de la compañía, según Alfonso Martínez Núñez, socio de M&A y societario de MAIO Legal, una firma legal que asesoró en 2020 a la Administración autonómica para que la agencia pública Amaya saliera del capital de sociedades como Resilec, un gestor autorizado de residuos eléctricos y electrónicos . Cuando el PP llegó al Gobierno andaluz hizo una auditoría de eficiencia del sector pública, a resultas de lo cual decidió la creación de la macro agencia...
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