La prescripción de deuda es un término que puede resultar un alivio para muchos deudores en el Perú, especialmente cuando se enfrentan a obligaciones financieras acumuladas. Sin embargo, este concepto no elimina todos los efectos de una deuda.
Según lo establecido en el Código Civil, una deuda puede prescribir con el tiempo si no se realiza una acción judicial dentro del plazo indicado. Este marco legal permite a los deudores entender sus derechos y obligaciones, a la vez que brinda un camino hacia la estabilidad financiera. A continuación podrás ver los plazos, los bienes embargables y el rol del Código Civil en este proceso.
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La prescripción de deuda ocurre cuando, tras un periodo de 10 años, el acreedor no ha iniciado un proceso legal para exigir el pago. Una vez cumplido este plazo, el deudor tiene derecho a solicitar ante un tribunal que la deuda sea declarada prescrita.
Si el tribunal acepta la solicitud, la deuda se extingue legalmente, lo que significa que ya no podrá ser cobrada judicialmente. No obstante, el registro de esa deuda puede permanecer en el historial crediticio del deudor, lo que afecta su acceso a créditos y su calificación financiera.
De acuerdo con el Código Civil del Perú, el plazo general para la prescripción de una deuda bancaria es de 10 años. Este periodo empieza a contar desde el momento en que el pago de la obligación se hace exigible.
Sin embargo, es importante destacar que este tiempo puede variar dependiendo del tipo de deuda. Por ejemplo, las deudas tributarias con la SUNAT o las relacionadas con impuestos municipales podrían tener plazos distintos que oscilan entre 4 y 6 años. El tiempo dependerá de la normativa aplicable.
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El Código Civil establece que ciertos bienes pueden ser embargados como parte de un proceso de cobro judicial. Entre ellos se incluyen:
Por otro lado, existen bienes protegidos que no pueden ser embargados:
El Código Civil peruano es el marco normativo que regula aspectos fundamentales de la vida en sociedad, que incluyen las obligaciones, los contratos y los derechos de propiedad. En el contexto de las deudas, este documento establece las reglas sobre la prescripción y los bienes embargables.
Además, garantiza que las relaciones entre deudores y acreedores se manejen de manera justa y equitativa. Esto proporciona claridad sobre los límites legales y protege los derechos fundamentales de ambas partes.
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