Tiflis. El gobierno de Georgia descartó este domingo organizar nuevas elecciones, una demanda de la oposición en medio de la crisis política que sacude al país del Cáucaso, escenario de manifestaciones pro-Unión Europea durante tres noches consecutivas.
La exrepública soviética celebró elecciones legislativas el 26 de octubre. El partido gobernante, Sueño Georgiano, declaró su victoria, pero la oposición denunció irregularidades y solicitó nuevos comicios. La presidenta del país, Salome Zurabishvili, con poderes limitados, respaldó esta petición.
Más de 100 detenidos y tensión en Georgia por aplazamiento de entrada a Unión Europea
“Por supuesto que no”, respondió el primer ministro, Irakli Kobajidze, al ser consultado por periodistas sobre si el gobierno, acusado de una deriva autoritaria prorrusa, aceptaría convocar nuevas elecciones.
Desde hace tres noches, Tiflis y otras ciudades han sido escenario de protestas multitudinarias contra la decisión del gobierno de aplazar hasta 2028 las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. A pesar de esto, el Ejecutivo insiste en su intención de ingresar al bloque en 2030.
Las manifestaciones fueron dispersadas con gases lacrimógenos y cañones de agua, dejando más de 150 detenidos y decenas de agentes heridos, según informó la policía.
En este contexto, la presidenta Zurabishvili, de postura proeuropea, aseguró que permanecerá en el cargo “hasta que no haya nuevas elecciones”, a pesar de que su mandato finaliza en diciembre.
“Hasta que no haya nuevas elecciones y que un Parlamento elija a un nuevo presidente según nuevas reglas, mi mandato continuará”, declaró Zurabishvili en una entrevista exclusiva a esta agencia.
“El recurso a la violencia contra manifestantes pacíficos es inaceptable, y el gobierno georgiano debe respetar la voluntad del pueblo”, afirmó este domingo Kaja Kallas, nueva jefa de la diplomacia europea.
Georgia en crisis política tras elecciones legislativas controversiales
Kallas, quien asumió el cargo ese mismo día, advirtió que la situación en Georgia podría tener “consecuencias claras” en las relaciones con la UE.
Paralelamente, cientos de funcionarios y jueces emitieron declaraciones conjuntas como muestra de protesta. Alrededor de 160 diplomáticos georgianos también criticaron la decisión del gobierno, afirmando que contraviene la Constitución y conduce al “aislamiento internacional” del país.
