La mercantil ofrecía tal imagen de legitimidad que era recomendada por trabajadores sociales de Ayuntamientos y hospitales públicos de Mallorca, consiguiendo así engañar a los funcionarios de estos organismos. La gran mayoría eran mujeres contratadas como internas que trabajaban más de seis días a la semana, sin periodos de descanso ni seguro sanitario
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La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la explotación laboral a través de una empresa ficticia que llegó a contar con más de 185 trabajadores en situación irregular, 100 de ellos de forma simultánea, a lo largo de sus más de dos años de existencia. Los investigadores señalan que la mercantil, que ofertaba servicios de cuidado a personas dependientes, empleadas del hogar y servicios de limpieza, es la empresa con un mayor número de empleados en esta situación detectada en la historia en Baleares.
En el marco de esta operación, los agentes han procedido a la detención de cinco personas como presuntas autoras de delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental. El Grupo I de UCRIF de la BPEF (Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras) de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Balears ha llevado a cabo la fase operativa de una investigación iniciada el pasado mes de julio.
Los investigadores también han obtenido indicios de un posible delito de blanqueo de capitales por parte del líder de la organización y de otros dos miembros de la misma, a quienes se acusa de un delito de intrusismo profesional al hacerse pasar por fisioterapeutas, realizando sesiones de rehabilitación a personas de edad avanzada sin disponer de la correspondiente titulación formativa y con el riesgo grave para la salud de los ancianos.
De acuerdo con las pesquisas, la organización criminal había creado una empresa ficticia a la que habían dotado de una imagen de legitimidad con todo tipo de folletos y publicidad de la empresa, tablas de servicios y costes. Hasta tal punto habían conseguido ofrecer esta impresión que era recomendada por trabajadores sociales de ayuntamientos y hospitales públicos de la isla, consiguiendo así engañar a los funcionarios de estos organismos.
Haciendo uso de la empresa ficticia, los detenidos ofertaban servicios de cuidado a personas dependientes, empleadas del hogar o servicios de limpieza. Los trabajos eran desempeñados por ciudadanos extranjeros en situación irregular, en su mayoría mujeres, que debido a su situación de vulnerabilidad se prestaban a desarrollar el trabajo en condiciones de explotación.
La gran mayoría eran contratadas como internas y trabajaban más de seis días a la semana, sin respetar los periodos de descanso, sin ningún tipo de cobertura sanitaria o seguro de accidentes, sin derecho a vacaciones y a cambio de un salario muy inferior en el caso de las internas, disponiendo únicamente de dos horas diarias consecutivas para descanso personal.
El principal investigado demostró tal desprecio hacia los derechos de las trabajadoras que les tramitaba un seguro sanitario en una conocida empresa aseguradora que les expedía su correspondiente tarjeta sanitaria, logrando engañar tanto a los trabajadores como a los contratadores de los servicios, si bien en realidad no abonaba las cuotas y las trabajadoras no obtenían dichas coberturas. Una de las trabajadoras sufrió un accidente laboral, rompiéndose un hueso del pie, y al acudir a urgencias el hospital le informó de que su seguro médico no tenía ningún tipo de vigencia al no haber abonado las cuotas el propietario de la empresa.
La operación se ha desarrollado en dos fases, iniciándose con la detección de un delito de falsedad documental cuando una de las mujeres contratadas por la organización criminal presentó un certificado falso de alta en la Tesorería General de Seguridad Social, en concreto en la Oficina de extranjeros para la tramitación del Permiso de Residencia.
En una segunda fase, los agentes lograron identificar al principal responsable al frente de la organización así como a varias personas controladas por éste que colaboraban en la trama criminal, reclutando y controlando a las trabajadoras y realizando la gestión administrativa de la empresa.
La extensa investigación desarrollada durante varios meses ha permitido intervenir gran cantidad de documentación que refuerza las pruebas recabadas y constata el modus operandi de la organización criminal, que llevaba a cabo contrataciones falsas y contratos laborales ficticios que han llegado incluso a ser utilizados para aperturas de cuentas bancarias y trámites administrativos por parte de las propias víctimas, quienes desconocían en muchos casos su carácter ilícito.
El principal investigado tenía a su nombre un total de 25 cuentas bancarias en 13 bancos distintos, utilizando además entidades de transferencia de divisas para el movimiento del dinero y pago de parte de sus empleados. El detenido llegó a abrir cuentas bancarias con sede social en una capital europea con el objetivo de eludir la acción de la justicia así como de la Agencia Tributaria en relación al pago de impuestos.
La organización utilizaba además un locutorio de Palma para abrir dichas cuentas bancarias y obligaba prácticamente a la totalidad de las trabajadoras a que abrieran cuenta bancaria en las mismas para no ser detectadas por las autoridades.
El pasado 20 de noviembre se procedió a la realización de dos registros domiciliarios junto a la autoridad judicial en los que se procedió a la incautación de gran cantidad de documentación de la empresa ficticia, así como equipos informáticos y terminales móviles que están siendo investigados por la Policía Nacional.
A falta del análisis de la documentación recibida de las entidades bancarias, los servicios de transferencia de divisas y de los efectos intervenidos en los registros domiciliarios, los agentes han podido constatar que la organización ingresaba unos 200.000 euros mensuales, teniendo en cuenta que dicha organización estaría actuando desde hace aproximadamente dos años y medio, por lo que habría generado unos seis millones de euros. El Grupo I de la UCRIF continúa con la investigación y no descarta nuevas detenciones.
