Tanto Junts como PNV han sido, en mayor o menor medida, muy críticos con la política de vivienda de Pedro Sánchez ya que rechazan tanto la invasión de competencias como la limitación de precios del alquiler. Ambas formaciones votaron contra la Ley de Vivienda y lo hicieron, esencialmente, con dos argumentos: por un lado, porque consideraban que la norma se inmiscuía en las facultades de las autonomías; y, por otro lado, porque son partidarios de incidir sobre la oferta de vivienda para presionar a la baja los precios en vez de regularlos porque son conscientes de que eso acaba retirando pisos del mercado del alquiler y el problema es mucho mayor.
En este sentido, con la empresa pública de vivienda anunciada ayer por Pedro Sánchez en el 41º Congreso del PSOE, el Gobierno trata de construir y generar oferta, lo que encajaría con el modelo de Junts y del PNV, pero lo van a considerar una invasión competencial ya que toda la gestión habitacional está plenamente traspasada a las autonomías. Todavía queda por ver cómo se articula la propuesta de Sánchez ya que también puede acabar quedando en agua de borrajas como tantos anuncios que ha hecho hasta ahora (en total, desde 2019, ya se ha comprometido a hacer más de 200.000 pisos, pero todavía no hay ninguno construido): de hecho, lo único que ha aprobado en materia habitacional es la Ley de Vivienda, tramitada a toda velocidad para llegar a la campaña de las elecciones autonómicas de 2023 y con medidas tan contraproducentes como la regulación de los alquileres.
Fuentes de los partidos nacionalistas e independentistas son muy críticas todavía a día de hoy con la Ley de Vivienda. Sobre todo, Junts, que lo vive mucho más de cerca ya que Cataluña es la única autonomía que ahora mismo aplica la regulación de los alquileres y, un año después de la entrada en vigor, se ha reducido el parque de viviendas para arrendar y los precios se han disparado todavía más. De hecho, en las filas posconvergentes hay quien aboga incluso por darle una sacudida a la Ley de Vivienda visto los resultados perjudiciales que ha generado en Cataluña, pero ese escenario se ve ahora mismo imposible ya que es impensable que acceda a dar ese paso el Gobierno. Además, hay que medir mucho porque es un momento en que la presión habitacional está en máximos. El PP de Alberto Núñez Feijóo sí se ha mostrado decidido a adoptar medidas contrapuestas a la Ley de Vivienda cuando llegue a Moncloa.
Como muestra de su rechazo, Junts ya tumbó la reforma legislativa impulsada por toda la izquierda para endurecer los límites del alquiler: los posconvergentes están apostando, en materia habitacional, por reducir impuestos para acceder a la vivienda (bonificaciones en el ITP y en el IVA siempre que sea primera vivienda) y por ampliar la oferta (han pedido los recursos de la Sareb).
Lo cierto es que la vivienda juega en contra de Sánchez: es un problema real, a pie de calle, pero todos sus intentos por buscar soluciones van a evidenciar su debilidad parlamentaria ya que PP y Junts tienen mucha mayor sintonía en este ámbito. El PNV siempre está más condicionado porque gobierna en el País Vasco con el PSE. Otra de las áreas que más ha visibilizado la conexión entre PP y Junts en vivienda es la lucha contra la «okupación» y, de hecho, han colaborado para dar trámite a una ley.
Sánchez, con el anuncio de una empresa pública para construir vivienda desde el Estado, ha tratado de aplacar la presión de la izquierda, pero también puede acabar despertando un mayor entendimiento entre PP y Junts. Tampoco cabe olvidar que los anuncios de mayor impacto en materia de vivienda de Sánchez siempre han precedido a una contienda electoral y eso también puede ser una señal de que España camina hacia las urnas si el Gobierno es incapaz de aprobar los Presupuestos. Ayer mismo, desde Junts, Jordi Turull se mostró crítico públicamente con Sánchez por el documento aprobado en materia de financiación en el Congreso del PSOE, que hace referencia a la multilateralidad y eso, para los posconvergentes, es «trilerismo político».
