El presidente del Gobierno se agarra a la renuncia por parte de sus socios a ejercer sus funciones de control al poder para proclamar que agotará la legislatura. El Congreso Federal lo cerró proclamándose candidato para las próximas generales, que dice que no adelantará. Y es cierto que hoy es improbable que sus aliados en el Parlamento le dejen caer ante las prebendas conseguidas y prometidas. El cupo catalán para ERC, la amnistía para Junts, o el traspaso de competencias para el PNV, entre otras, de momento.
A pesar de que la corrupción sí incomoda a estos partidos, no pulsarán el botón rojo ni tampoco lo tiene previsto hacer en estos momentos el propio Pedro Sánchez, porque los números no le salen. Pero ya hay un 68,3 por ciento de los ciudadanos que cree que debería convocar elecciones generales ante todos los casos de corrupción que salpican al Gobierno. Así lo refleja la encuesta de NC Report para LA RAZÓN, que testa el hartazgo de los ciudadanos ante los casos de presunta corrupción que afectan a las siglas socialistas y que están judicializados. Solo el 24,9% niega que esta situación deba obligar a Sánchez a convocar elecciones.
El electorado de PP y Vox lo piden al unísono, lógicamente. Pero ya uno de cada 4 votantes socialistas se suma a la desafección que marca el bloque de la derecha y pide elecciones para salir de este marco.
La encuesta también señala que hay un 65,7% de españoles que sí cree que Moncloa está cercada por la corrupción. Y entre ellos, un 20,6% de los votantes socialistas coincide con esta afirmación.
El señalamiento directo a Sánchez es ya contundente, del mismo modo. Un 67,9 por ciento le reclama más explicaciones ante los casos que le salpican. Y es que, hasta el momento, tan solo se ha limitado a calificar de «inventadas»las acusaciones de Víctor De Aldama, para atribuir todo a un montaje de la derecha y de los jueces. Ninguna explicación tampoco respecto al caso que afecta a la esposa del presidente, que está imputada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, junto a otros dos delitos más. Ni sobre el caso del hermano de Sánchez, imputado por delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación. A ello se le une la imputación del fiscal general del Estado por sus filtraciones en el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
En este contexto, resulta importante señalar que el 36% de los votantes de izquierda ya claman para que el presidente rinda cuentas ante la ciudadanía. En general, son los mayores de 55 años quienes en un mayor porcentaje reivindican respuestas a las preguntas que Moncloa deja sin contestar.
Asimismo, hay un 62,9% de los ciudadanos que reconoce sentir que Sánchez «ha mentido» respecto a su relación con Aldama. El presidente del Gobierno llegó a decir que nunca había «cruzado una palabra, ni en una reunión ni en una conversación, con Aldama», a pesar de que saliera a la luz la primera foto juntos en un mitin electoral en Madrid. Según el empresario, ambos han coincidido en más ocasiones, como en el 60 cumpleaños de Ábalos. El comisionista estuvo incluso siguiendo una noche electoral desde la sede de Ferraz, a pesar de que el PSOE lo haya negado. Tan solo un 27% confía en la palabra del presidente del Gobierno.
En cuanto a la citada polémica que afecta a Begoña Gómez, que declarará el próximo 18 de diciembre ante el juez Juan Carlos Peinado, cabe resaltar que el 43,4 por ciento de los entrevistados cree que el «caso Begoña» puede «hacer caer al Gobierno», mientras que un 46,1% lo niega.
La mitad de los españoles (un 52,6) exige ya que se regule el papel de la consorte del presidente del Gobierno, después de conocerse que una asesora de Moncloa habría participado en gestiones relacionadas con la cátedra que codirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. Un 36,4% no lo ve necesario.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, defendió esta semana esa figura y aseguró que todos los cónyuges de los presidentes del Gobierno han contado con un ayudante para tareas «de organización y logísticas». La idea de regular la figura de la consorte del presidente ha sido rechazada tajantemente por el Gobierno, mientras que el PP ha registrado ya una iniciativa en el Congreso para conseguirlo. Está por ver el voto de los aliados, aunque ERC se presentó, en un primer momento, a favor.
Otro de los casos que siembran sospecha sobre el Ejecutivo, al apoyarle, es el que afecta al fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, imputado por un presunto delito de revelación de secretos en la causa por fraude fiscal contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Más ahora, después de que desde Moncloa se instara al ya exsecretario general del PSM Juan Lobato a usar en sede parlamentaria unos emails entre la Fiscalía y el novio de Ayuso. El 56,9% cree que el fiscal debería haber dimitido ya. El Gobierno es quien le sostiene, a pesar de estar señalado y ser el primer fiscal general imputado y en el ejercicio de su cargo.
Ante este panorama, el foco se sitúa también en si los socios están dispuestos a aguantar o no, si van a sostener a un Ejecutivo cercado por la corrupción. El avance del «caso Ábalos» en los juzgados puede ser un punto de inflexión. La mayoría, sin embargo, cree que los aliados seguirán apoyando al Gobierno. Un 60,6% así lo considera, frente a un 25,8% que entiende que no hay motivo para que los aliados retiren el apoyo al Gobierno. Los populares, de hecho, ya culpan a los socios por seguir «protegiendo» a Sánchez.
La idea de que el PP impulse una moción de censura contra Sánchez, como ofreció Alberto Núñez Feijóo a sus aliados es aprobada por el 64,7% de los ciudadanos, mientras que un 30,9% lo reprueba. Quienes más avalan esta salida son los votantes de la derecha.
Por último, Sánchez, según esta encuesta, suspende como líder del PSOE. Su liderazgo es valorado con un cuatro. En ningún rango de edad aprueba. Los suyos le otorgan un 5,9, mientras que Sumar le da un 5,6. El PP le puntúa con un uno y Vox con medio punto. La tendencia a la baja en las encuestas, en escaños y en popularidad, refuerzan a los socios para cobrarse sus exigencias en la negociación de los PGE.
