La amenaza de encierro ha fracasado. Suben y escalan los montos de pena con el paso de sucesivos gobiernos, pero los delitos continúan y se renuevan, indiferentes a la inflación punitiva. Ante el histórico fracaso, la tecnología y las respuestas físicas han ocupado el lugar de la norma penal.
Concertinas en los frentes de las viviendas, cercos eléctricos, muros altos y sólidos, cámaras de vigilancia, drones, iluminación con sensores de intensidad lumínica, perros guardianes, vigilancia privada, alarmas comunitarias, gas pimienta, pistolas taser, plazas y parques enrejados, proliferación de barrios privados como pequeños feudos y paredes divisorias entre vecindarios.
El diseño de las ciudades delata el fracaso. Victoria de la prevención situacional frente a la prevención social, triunfo de la fuerza física y de la segregación por sobre las normas del código penal. Un travestismo cultural que el poder político se niega a reconocer, a pesar de su evidencia. La prisión ha perdido sentido y el orden social que promete esa pena es arrebatado por la iniciativa individual del consumidor de artículos de seguridad.
Esa amenaza de encierro hace tiempo que viene haciendo el ridículo, antes que temor provoca risa, aquí y allá, ayer, hoy y mañana. Una risa como la de Joaquin Phoenix en Joker, hecho político que desnuda una realidad institucional que es un chiste.
Fuera de la historia, legisladores nacionales proponen ahora aumentar mínimos y máximos de las penas de los delitos de falsa denuncia y falso testimonio relacionados con casos de violencia de género. Cansados del machismo que durante milenios cosificó a las mujeres, estos legisladores no aguantaron más que unos pocos años para alarmarse por el surgimiento del hembrismo, mujeres que denuncian falsamente delitos de violencia de género, abuso o acoso sexual, y violencia contra niños, niñas y adolescentes, con la sola intención de perjudicar a los hombres.
La joda, la que causa más gracia, no es el poco aguante de época tuitera ante el hembrismo, comparado con la tolerancia estoica frente a la ancestral violencia patriarcal. La verdadera broma reside en que hace mucho tiempo que está vigente el remedio penal para sancionar la mentira de la hembra, pero es el Poder Judicial el que no aplica la ley. Es decir, el responsable es otro poder compañero de andanzas políticas del legislativo.
¿No tienen diálogo esos dos poderes? ¿No le preguntan estos legisladores ansiosos a jueces y fiscales parsimoniosos por qué no se hacen cargo de las falsas denuncias y los testimonios mentirosos? ¿No les recuerdan a los magistrados que están cobrando más que la media para, entre otras funciones, garantizar el principio de legalidad, en este caso el código penal? ¿Antes de aprobar un pliego, los senadores no le preguntan al candidato qué hará ante la impunidad fomentada por el poder al que ingresará o en el que ascenderá? ¿No le pide el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo que no mande más candidatos proclives a la impunidad selectiva?
Tampoco se advierte que los legisladores, no individualmente sino institucionalmente como uno de los tres poderes, se escandalice o advierta al presidente sobre el peligro de nombrar por decreto a los integrantes del máximo tribunal de justicia, sin saber qué doctrina consagrarán respecto a la falsedad de denuncias y testimonios, es decir sin haber pasado por el test del principio de legalidad.
Es ciertamente preocupante que un hombre inocente con la sola denuncia de una mujer termine en prisión, o permanezca encerrado durante un dilatado proceso penal, sin poder ver a sus hijos y estigmatizado por los medios de comunicación. Pero la solución siempre estuvo frente a nuestras narices, el Poder Judicial debe desestimar las denuncias ostensiblemente inverosímiles, incoherentes o contradictorias. Si son falsas debe perseguirlas, con mayor razón si el afectado es un imputado en una causa criminal. Si hay dudas, entonces tiene que investigar seria y objetivamente, sin proceder a la detención hasta que se corrobore la denuncia inicial o se dicte una sentencia condenatoria de manera definitiva.
El chiste no termina acá. Una de las razones para apoyar esta iniciativa, calificada de magnífica por un ministro del Poder Ejecutivo Nacional, es "sanear la justicia" porque "dicho poder tiene un desprestigio tremendo". La paradoja supera las ocurrencias literarias de Chesterton o Wilde. Como al Poder Judicial no le importa que le mientan, suben las penas a las mentirosas. A mayor castigo mayor impunidad.
¿Tanto menosprecia el Poder Legislativo a su par judicial para aumentar la evidencia en su contra? ¿Tan poco le importa al codificador el hombre denunciado falsamente? ¿No estaba enojado el representante del pueblo con el hembrismo?
Este aumento de penas es una vieja distracción de la nueva casta. Los legisladores posan, aparentan hacerse cargo de un problema social ciertamente complejo y preocupante. Pero hacen lo más sencillo y rápido, sancionar una ley penal. ¡Es lo único que podemos hacer! Se apresuran a contestar ante cualquier crítica que abarque el conflicto en su especificidad y contexto estructural. Se comportan como los hechiceros y curanderos que con un alfiler en el retrato de la hembra denunciante -la pena en la ley-, prometen que se acabarán las falsedades judiciales y el calvario de los hombres denunciados.
¿A quién va dirigida la broma de este gran chiste de los nuevos "hacedores de lluvia" que, al igual que los magos de la antigüedad, terminan conformando una clase profesional? Los magos se convirtieron en reyes sagrados gracias al poder sobrenatural que prometieron, nuestros legisladores con igual mecanismo mítico forman ya parte de la casta política. No importa si luego de la ceremonia no llueve, sobran los chivos expiatorios para culpar por la sequía, tanto en la antigüedad como en la actualidad.
Sin embargo, hay que recordar cómo terminó la entrevista que el popular conductor de televisión (Robert de Niro) le hizo a Arthur (Phoenix) en Joker -de quien se burló- y la reacción social que desencadenó tras su crítica a la violencia e injusticia del sistema y a una sociedad anómica.
El payaso se convirtió en el símbolo que los legisladores añoran para la norma penal.
