El Congreso extendió por 6 meses, con la posibilidad de una única ampliación de otros 6 meses, la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) sin tomar en cuenta el fracaso absoluto de dicho programa. Desde que entró en vigencia el Reinfo en junio de 2017, se hicieron 90.265 registros, pero solo 2.108 consiguieron la formalización. Esto es, el 2,34%. Y una vez que alcanzaron formalizarse, salieron de la lista del Reinfo. La prolongación aprobada por el Congreso de ninguna manera cambiará la tendencia.
Según fuentes de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, al día de hoy existen 84.434 inscripciones en el Reinfo, y los mineros pueden estar en la condición de suspendidos o vigentes. En los dos casos están inmersos en proceso de formalización por diferentes motivos. Ahora bien, de los 84.434 registros, 19.266 (23%) están en condición de vigentes y 65.168 (77%) en condición de suspendidos.
Si una inscripción es considerada vigente cuando el minero cumple con alguna de las condiciones que se requieren para la formalización, entonces, 2 de cada 10 inscritos estarían encaminados. La ampliación de la vigencia del Reinfo no implicará ningún cambio.
Las cifras indican que el Congreso al extender el plazo de caducidad del Reinfo los más beneficiados son los mineros que se resisten en cumplir con la ley.
Los mineros con los registros suspendidos son los que no cuentan con RUC vigente, no han acreditado el consumo de bienes fiscalizables ante la Sunat, haber omitido declarar la producción minera semestral o no haber presentado el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM), por mencionar algunos.
En caso de que los mineros suspendidos y registrados superen alguna de estas faltas, podrían recuperar la condición de vigentes.
Las cifras también revelan por qué los mineros de la región del sur del país ejercieron mayor presión sobre el Congreso para lograr la continuidad del Reinfo por 6 meses más con posibilidad de extenderse otros 6 meses.
Arequipa (19.2%), Puno (14. 3%) y Madre de Dios (10.6%) representan juntas casi la mitad de los mineros inscritos en el Reinfo. Pero también son las regiones con altas tasas de mineros con inscripciones suspendidas por no acatarla ley: en Arequipa son el 76%, en Puno el 67% y en Madre de Dios.
Otras regiones con altas tasas de registros suspendidos son Áncash (84%), Cusco (83%), Ayacucho (83%), Apurímac (79%) y La Libertad (70%). No es casual que en esta lista de los mayores índices de mineros registros suspendidos, aparezcan Arequipa y La Libertad, regiones que han sido escenarios de brutales crímenes entre mineros.
Aplazar más la vigencia del Reinfo no mejorará este panorama que expresa el fracaso del Estado durante 7 años por intentar formalizar a los mineros.
Para la titular de la Dirección General de Formalización Minera del MINEM, Mayra Figueroa Valderrama, lo que obstaculiza a los mineros a culminar el proceso en Reinfo es, en primer lugar, la dificultad para llegar a un acuerdo y suscribir un contrato de explotación con el titular de la concesión que explotan.
En segundo lugar, Figueroa mencionó la suscripción del contrato de uso del área superficial.
Y un tercer obstáculo es la “tramitología” relacionada con permisos para uso de explosivos, para el traslado de los insumos y otros trámites ante las Direcciones Regionales de Energía y Minas.
El Ejecutivo presentó el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal (MAPE), que se encuentra en la Comisión de Energía y Minas, a la espera de que sea revisada y fortalecida con sus aportes. Lo que sí priorizó fue la ampliación del Reinfo. De haberse impulsado el Proyecto de Ley MAPE, se pudo avanzar en enfrentar el problema de la minería ilegal.
“Con respecto al contrato de explotación, el proyecto de ley presentado establece un incentivo para el titular de la concesión con el fin de motivarlo a firmarlo. Este proyecto también habilita la posibilidad de aplicar otros incentivos mediante un decreto supremo. Sin embargo, en cuanto al contrato de superficie, el Estado no puede involucrarse directamente, ya que los propietarios de estas áreas pueden ser comunidades, asociaciones, pueblos indígenas o privados, lo que implica un vínculo contractual que escapa a la intervención estatal”, explicó Mayra Figueroa.
Para la asesora técnica de la Asociación de Pequeños Mineros Formales, Liliana Otero Salinas, estos 12 años de intento de regularizar a los mineros informales ha sido un fracaso y ampliar los plazos para el pro ceso de formalización minera un completo error.
“De cerca de 90.000 inscripciones al Reinfo, solo 2.000 se han formalizado. ¿Qué significa esto? ¡Que esto no sirve! Desde 2012 se trató de regularizar este tema y luego de 22 años y no se ha logrado nada”, dijo Liliana Otero.
También destacó los efectos colaterales de la decisión del Congreso de ampliar la vigencia del Reinfo.
“El Reinfo ha facilitado la impunidad porque no se puede detener ni intervenir a los informales. Tampoco son susceptibles de una sanción penal. Ellos se instalan en los terrenos donde tienen concesiones mineras, enseñan sus Reinfo y no podemos hacer nada”, expresó la asesora técnica.
La directora general de Formalización Minera, Mayra Figueroa, señaló que como ministerio una ampliación sin mayor sustento técnico era inviable.
“Es necesaria una limpieza para identificar quiénes efectivamente están enfocados en lograr una formalización, cumpliendo con sus requisitos a efectos que el Estado los apoye”, añadió.
“Reconocemos que el Reinfo ha sido mal usado. Dentro de nuestros registros hemos tenido casos de personas que han ejercido ilegalmente la actividad minera y los hemos excluido. El proyecto de ley del MINEM no quiere quitarle las competencias en cuanto a seguimiento, supervisión o fiscalización, a las DREM (Dirección Regionales de Minería), pero sí trae al Ministerio de Energía y Minas las competencias o responsabilidades para formalizar”, resaltó Figueroa.
“Estos mineros no tienen concesiones; sin embargo, hay algunos que tienen hasta 10 Reinfo en distintas concesiones mineras. Si el Reinfo se vuelve a abrir, todo el trabajo que ha hecho el MINEM se va a ir al agua”, advirtió.
Rechazo a la decisión del Congreso
● “Resulta alarmante que una institución democrática como el Congreso extienda un sistema que, durante más de 20 años, ha otorgado impunidad a la minería ilegal, sin implementar mecanismos efectivos de control ni abordar los efectos nefastos que ocasionarán a todo el país”, se pronunció el colectivo de organizaciones y especialistas, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI).
● “El Congreso de la República tiene el deber de legislar en bien de la nación entera y atender sobre todo las voces de quienes se ven afectados directamente por las actividades mineras ilegales, en especial las comunidades campesinas e indígenas”, señala el pronunciamiento.
