A un mes de que termine el año, el gobierno de Luis Barcala ha saldado «in extremis» dos de las deudas que arrastraba. Tal vez, las que más le preocupaban. Alicante ya dispone de dos oficinas controvertidas, con una utilidad más que dudosa y que han empezado a proliferar desde que Vox es un socio necesario para los ejecutivos del PP, ya sea desde dentro o moviendo hilos desde fuera, como en la ciudad de Alicante.
