Gina Romero, relatora especial de la ONU para Libertad de Asociación y Asamblea, advirtió que la Ley Bolívar aprobada por la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional puede ser utilizada para perseguir a la sociedad civil y activistas en Venezuela, mediante el artículo 23.
“El artículo crea un ‘registro con carácter nacional’ para identificar a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se sospeche ‘estar incursa en acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado’, e impone ‘medidas económicas restrictivas, temporales y de carácter administrativo’ para mitigar el ‘perjuicio que sus acciones producen contra la República Bolivariana de Venezuela y su población’”, señaló Romero este sábado.
Explicó que legislaciones de este tipo, vagas y ambiguas, “hacen que la discrecionalidad en su aplicación se vuelva una herramienta de control al disenso y de persecución y violencia contra personas defensoras de derechos humanos, activistas y organizaciones de la sociedad civil”.
Este tipo de legislaciones vagas y ambiguas hacen que la discrecionalidad en su aplicación se vuelva una herramienta de control al disenso y de persecución y violencia contra personas defensoras de derechos humanos, activistas y organizaciones de la sociedad civil. #Venezuela
— Gina Romero (@Ginitastar) November 30, 2024
El viernes, Nicolás Maduro firmó la ley que ordena penas de entre 25 y 30 años de prisión para las personas que promuevan o estén implicadas, de cualquier manera, en las sanciones extranjeras impuestas a su administración y a “autoridades” del Estado.
El mandatario indicó que esta norma nació luego de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara un proyecto de ley que complementa las normas que prohíben a instituciones federales del gobierno norteamericano contratar a personas o empresas que tengan lazos comerciales con la administración de Maduro.
La Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por unanimidad el jueves, contempla multas de hasta 1 millón de euros (hasta 1.055.680 dólares) para las personas que promuevan o estén implicadas en las sanciones extranjeras impuestas contra el gobierno.
La legislación incluye la inhabilitación política de 60 años a quienes incurran en estos “delitos”, lo que impedirá a los sancionados optar por cargos públicos o de elección popular, reseñó la agencia EFE.
Tampoco podrán competir en elecciones quienes hayan “promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución” de “acciones armadas o de fuerza, así como ataques cibernéticos” contra el país, sus instituciones o autoridades, muchas de ellas sancionadas por otros países.
Los medios de comunicación que difundan cualquier tipo de mensajes que promuevan sanciones o medidas que afecten a Venezuela también serán multados con la misma cantidad. Además, podrían ser castigados con la salida de circulación o del espectro radioeléctrico, dependiendo de la plataforma que sea el caso.
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