El actual Consell prevé dejar sin efecto el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) aprobado por el Gobierno del Botánico en 2018, que protege 7.500 hectáreas, de las que 1.100 están en zonas inundables y son urbanizables
Mazon flexibilizará la ley urbanística para dejar en manos de los promotores la iniciativa de los nuevos desarrollos
La fatídica DANA que ha dejado 222 fallecidos en Valencia ha puesto en evidencia el peligro que supone urbanizar en zonas inundables. La Comunitat Valenciana cuenta con una legislación que las identifica y prohíbe expresamente construir en ellas, si bien siempre hay excepciones.
Se trata del Plan de Acción Territorial sobre Prevención de riesgo de inundaciones de la Comunitat Valenciana (Patricova), aprobado en el año 2003 y revisado en 2015. A grandes rasgos, por medio de este plan se prohíbe ejecutar nuevos desarrollos urbanos en zonas inundables, salvo que ya estuvieran aprobados antes de la entrada en vigor de la normativa, en cuyo caso debían aportar una serie de medidas correctoras que evitaran eventuales episodios de inundaciones.
Además, en el año 2018, el Gobierno del Botánico aprobó el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) que, entre otras cosas, implica la desclasificación de 7.500 hectáreas en las inmediaciones de la costa en las que queda prohibido construir. De esas 7.500 hectáreas, 2.562 estarían en zonas inundables según establece el Patricova tal y como se puede apreciar en el visor cartográfico del Pativel, y de ellas 1.137 hectáreas estaban ya calificadas como urbanizables. De esta forma, si decayera el Pativel se podría volver a construir en esta superficie (el equivalente a 11,3 millones de metros cuadrados), considerada como inundable, habida cuenta de que ya era suelo urbanizable antes de que se aprobaran el Pativel y el Patricova.
Según los datos recabados por este diario, de las 1.137 hectáreas urbanizables en zona inundable, 297 están ubicadas en la provincia de Castellón, 477 en la de Valencia y 675 en la de Alicante. Los municipios más afectados serían Alcalà de Xivert con 193 hectáreas, Santa Pola con 109, Cullera con 64 y Orpesa con 94.
El Gobierno valenciano del PP que preside Carlos Mazón tiene previsto dejar sin efecto el Pativel con diferentes cambios normativos. Por un lado, ya ha dejado una parte sin efecto al aprobar recientemente mediante un decreto las construcciones a 200 metros de la costa, cuando el Pativel lo limitaba a 500 metros y con una serie de condiciones de volumetría. Por otra parte, están en proceso la aprobación de una Ley Valenciana de Costas, la reforma de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), que en síntesis pretende dar más competencias y facilidades para construir a los promotores. Tras el episodio de la DANA, está por ver cómo abordará toda esta nueva normativa, encaminada a dejar sin efecto la legislación proteccionista del Botánico, la situación de los suelos urbanizables e inundables.
Al respecto, la diputada socialista y exconsellera de Territorio impulsora del Pativel, María José Salvador, ha comentado que esta legislación fue “un instrumento supramunicipal imprescindible para proteger el litoral valenciano después de la presión urbanística que sufrió durante 20 años” y ha añadido: “El decreto que permite la construcción de terciario a 200 metros del litoral y el anteproyecto de Ley de Costas suponen el fin del plan de protección de litoral. Es inconcebible que no se mantenga el Pativel porque es un instrumento imprescindible para mantener la racionalidad en los usos del territorio y proteger a la ciudadanía ante el riesgo de inundaciones”.
Además de proteger suelo hasta ese momento urbanizable en la costa, el Pativel otorgó a diversos proyectos que ya estaban en trámite un plazo de cinco años para iniciar las obras. Ese plazo se cumplió en mayo de 2023. De lo contrario, la normativa obliga a convertir el suelo, hasta ahora urbanizable, en rural protegido, en el que no cabría, por lo tanto, la construcción de inmuebles. Se trata de los programas de actuación integrada (PAI) de Torreblanca Golf, Playa del Puig, Bega de Cullera, el Brosquil, Mareny de Tavernes, Rafelcaid en Gandia y Cala Mosca en Orihuela, que suman una superficie total de 5,4 millones de metros cuadrados e implicarían la construcción de 18.000 viviendas.
Algunos de estos proyectos están también en zonas inundables. Un caso es el PAI Sant Gregori Golf de Borriana, que prevé el desarrollo de 2,5 millones de metros cuadrados de suelo, con unas 6.000 viviendas y un campo de golf de 18 hoyos. El Ayuntamiento aprobó el pasado mes de octubre en sesión plenaria (antes de la DANA), sin la oposición de ningún grupo político, asumir de forma directa la urbanización de la zona Sant Gregori que afecta a más de 2,5 millones de metros cuadrados pendientes de urbanizar en el litoral del municipio. Al respecto, fuentes municipales han asegurado que el PAI se aprobó antes de que entrara en vigor el Patricova y que incluye un plan para reducir el riesgo en caso de inundaciones, en concreto, un canal para desaguar el río Anna en caso de crecida.
El desarrollo de El Puig también está ubicado en zona inundable. La ejecución de este PAI, conocido como 'La Casota', implicará la construcción de entre 400 y 450 viviendas, de las cuales 200 irían en torres, 200 en adosados y unas 25 unifamiliares. Fuentes municipales han asegurado también que el proyecto cuenta con el preceptivo plan con medidas correctoras para mitigar el riesgo de inundaciones. Veremos si se produce una DANA como la del pasado 29 de octubre en Valencia.
