¿Qué sostiene a Dina Boluarte? Tras la violenta represión que se ejerció frente a las masivas protestas ciudadanas contra su nuevo gobierno, su permanencia en Palacio de Gobierno estuvo y está soportada por la coalición de grupos políticos que perdieron las elecciones y por la complicidad de Perú Libre y sus escisiones que, desde un discurso cargado de radicalismo vacío, impidieron que se acordara un adelanto de elecciones que hubiera devuelto al pueblo peruano la posibilidad de decidir quién se sienta en el sillón presidencial, de decidir quién nos gobierna.
Este pacto de gobierno, hegemonizado por los grupos de la derecha política, pero avalado por la autoproclamada izquierda anticaviar, tenía entre sus principales objetivos la protección del modelo neoliberal, por un lado, y, por el otro, el copamiento de instituciones centrales como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y los organismos electorales. Pacto aplaudido por los principales gremios empresariales y voceros económicos del país que, luego de sumarse a los pedidos de vacancia de Castillo, abogaban por la estabilidad del país pidiendo el mantenimiento de la señora Boluarte en la presidencia, señalando que la “calidad” de su equipo de gobierno era superior a los de su antecesor y que permitirían recuperar la “confianza perdida” para asegurar nuevas inversiones.
Casi dos años de ocupar el cargo, queda claro que de calidad no tiene nada este gobierno y que la confianza que se ha perdido es de la ciudadanía en su conjunto. Finalmente, los ejecutivos de las principales empresas del Perú se suman a la opinión mayoritaria del país y desaprueban esta gestión. El rechazo es tan evidente que Boluarte frenó en seco el cofre y decidió suspender su viaje a Arequipa, donde se desarrollaba la Conferencia de Ejecutivos (CADE), por un supuesto Consejo de Ministros de urgencia que, hasta donde se sabe, no ha tenido ningún anuncio de relevancia.
Si ya incluso los empresarios del país no aprueban a Boluarte, ¿cuál es el juego de los operadores del pacto de gobierno? ¿Quiénes salen ganando con este (des)gobierno?
Parte del problema de tener un gobierno improvisado y dependiente como el de Boluarte, que solo piensa en el cortísimo plazo y en su sobrevivencia, incluso penal, es que se pretende actuar sobre lo fácil, sobre lo que pueda rendir frutos y rentas lo más rápido posible o, en su defecto, que al menos permita la ilusión, como dicen, “la finta”. Esta manera de gobernar nos está trayendo consecuencias graves.
Amparada en el soporte que tuvo de los grupos de poder económico del país, Boluarte salió con el discurso de “destrabe” de grandes proyectos mineros. Luego de una tensa calma por algunos años en Arequipa, el conflicto se ha reavivado en el Valle de Tambo, en Islay.
Sin claridad alguna sobre el rumbo que podría tener el proyecto minero Tía María —por ejemplo, se anunció un cambio en el EIA para modificar el uso del agua, luego se dio marcha atrás— lo que queda en evidencia es que la resistencia local sigue siendo muy fuerte y con alta capacidad de movilización.
¿Tenía el Ministerio de Energía y Minas algún tipo de análisis de la situación en la zona? ¿Lo tenía la PCM? Queda claro que la propia empresa minera sobrevaloró el supuesto apoyo regional que tenía, pero ¿qué pretendía el gobierno dando apoyo al anuncio de inicio de operaciones? Al parecer, solo aparentar que tiene control sobre el territorio y que tiene “mano dura” para poder llevar adelante una inversión así.
La historia de la gran minería en el país tiene episodios de alta conflictividad, otros de relativa convivencia, pero los primeros opacan a los segundos y ponen en evidencia los límites de una política de imposición, sin ordenamiento territorial, sin procesos de participación ciudadana y consulta previa legítimos, sin fiscalización ambiental sólida, sin una política de desarrollo productivo en los entornos mineros que permitan que se generen proyectos alternativos y diversificados que mejoren la vida de las poblaciones. Seguir así es insostenible.
El segundo ejemplo de las consecuencias de este tipo de gobierno es lo que viene pasando con la minería informal y la abiertamente ilegal. El censurado ministro Mucho presentó un proyecto de ley MAPE, de minería artesanal y de pequeña escala, que ha generado rechazo masivo de los mineros informales. Una norma hecha en Lima, sin contacto con lo que pasa en los territorios, sin diálogo con los gobiernos regionales que están a cargo del proceso trunco de formalización, sin enfrentar uno de los problemas más serios que hay, las concesiones ya otorgadas en la mayoría de áreas de extracción minera, y dando un plazo de seis meses adicionales al REINFO.
¿Seriamente el gobierno de Boluarte creía que tenía la capacidad para llevar adelante esta propuesta? Obviamente no. Nuevamente, lo que vale es hacer el gesto sin importar el resultado. Tan poco les importó que, pese a tener aún la opción de hacer una cuestión de confianza, dejaron que el ministro sea censurado sin siquiera decir algo. Sin una conferencia de prensa defendiendo su propuesta de política. Sin siquiera un suspiro.
La minería informal y la abiertamente ilegal son parte de un problema cada vez más complejo en el país. Con canales directos con economías ilegales, como el narcotráfico y la trata, en territorios como Madre de Dios y Loreto. Con mecanismos opacos de financiación en la proliferación de minería artesanal comunal en zonas andinas. Pero responde a problemas sociales profundos, como el poco apoyo a la agricultura, la ausencia de una propuesta de desarrollo rural que dé valor agregado a la producción del campo, sin articulación a mercados. Un problema que tiene que ver con el racismo y el desprecio que hay aún en los centros de poder político y económico por la población rural, andina, indígena.
Seguir así es insostenible.
