El controversial subsidio que reciben pescadores para comprar combustible le cuesta al Estado, en promedio, ¢7.667 millones anuales. Ese monto equivale al presupuesto de cada una de las municipalidades de Garabito, Osa y Paraíso para el 2024 y supera el plan de gastos de otros 56 municipios del país, para este mismo año.
Si bien ese beneficio busca apoyar al sector pesquero y el desarrollo en las zonas costeras, lo cierto es que ha sido aprovechado por personas supuestamente vinculadas con el trasiego de drogas, el robo de combustible y la pesca ilegal. Tal es el caso de Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, catalogado por Estados Unidos (EE. UU.) como uno de los más violentos traficantes de droga de Costa Rica.
Solo él se ahorró el pago de ¢521,4 millones al adquirir diésel a lo largo de los últimos nueve años. En ese mismo lapso, otras 2.280 personas se beneficiaron con esa exoneración y en conjunto se ahorraron ¢71.562 millones.
Y si los cálculos se sacan según la cantidad de litros de combustible subsidiado, la cifra ascendería a 259 millones de litros, que equivalen, en promedio, a llenar el tanque de 5,8 millones de automóviles con capacidad para 45 litros.
Desde hace 30 años, el Instituto Costarricense de Acuicultura y Pesca (Incopesca) exonera del pago de impuestos al diésel y la gasolina regular a los pescadores que tienen una licencia de pesca comercial o turística activa.
En promedio, ese beneficio implica que quienes tramitan el permiso, ya sea como personas físicas o jurídicas, pagan un 47% menos que el resto de los consumidores. La Nación llegó a esta conclusión tras analizar la base de datos de pescadores que recibieron combustible exonerado de Incopesca y compararlos con la tabla oficial de precios de Recope.
En el 2004, la Sala Constitucional aclaró, tras una consulta legislativa, que el beneficio tenía como propósito incentivar la actividad pesquera de alto impacto en las zonas costeras. Los magistrados argumentaron, con base en el artículo 50 de la Constitución Política, que el Estado puede otorgar incentivos a “ciertas actividades especialmente sensibles”, con el propósito de promover un “mejor reparto de la riqueza”.
Sin embargo, pese a que esta ayuda se aprobó con una intención altruista, el subsidio habría sido aprovechado por personas ligadas a actividades ilícitas, como el trasiego de drogas y la pesca ilegal.
La Nación reveló en noviembre pasado dos casos en los que el Estado aprobó exoneraciones millonarias a personas cuestionadas por narcotráfico y robo de gasolina a la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope).
El 4 de noviembre este diario publicó que Macho Coca se ahorró ¢521,4 millones en los últimos nueve años con ese subsidio. Y 14 días después, el día 18, dio a conocer que dos empresarios pesqueros detenidos por el llamado Caso Ballena, como sospechosos de integrar una organización dedicada al narcotráfico y el lavado de dinero, se ahorraron ¢1.185 millones con la exoneración.
Se trata de Gerardo Hernández Mata y Víctor Hugo Cruz Mata. El segundo figura entre los 10 beneficiarios que recibieron la mayor cantidad de subsidios en los últimos nueve años.
El 29 de agosto, en sesión de Junta Directiva del Incopesca, el director Enoc Rizo Rizo, reconoció que “hay algunos pescadores que no le están dando el buen uso (al combustible exonerado)”. Así lo admitió al referirse a la pesca ilegal. No obstante, el 15 de noviembre, ante consultas de este diario, la entidad negó tener conocimiento de que personas investigadas por narcotráfico o lavado de dinero estén recibiendo ese beneficio.
Entre marzo del 2015 y junio del 2024, Incopesca aprobó 81.563 exoneraciones; en promedio, 24 por día. En colones eso significó que a las arcas del Estado no entraron ¢71.562 millones, una media de ¢7.667 millones por año.
En el 2017 se registró la mayor cantidad de litros subsidiados de los últimos nueve años. Se otorgaron 34.993 millones de litros, lo que representó para los pescadores un ahorro de ¢9.134 millones.
La cuantía de litros que Incopesca avala depende de la cantidad de días que la embarcación permanece fuera del muelle en labores de pesca, del tipo de flota, combustible y la potencia del motor. Así lo establece el reglamento que fiscaliza esta ayuda estatal.
Al analizar los 2.281 beneficiarios, este diario extrajo los 10 que más se han visto favorecidos por la compra de combustibles a un precio menor al del mercado. Hay que aclarar que salvo Cruz Mata, no consta que estén ligados a investigaciones por narcotráfico u otro tipo de anomalías.
Inversiones Brancol Sociedad Anónima recibió el mayor subsidio desde marzo del 2015. Esta firma se ahorró ¢999 millones entre abril del 2015 y junio del presente año. En ese periodo retiró combustible en 481 ocasiones, con nueve embarcaciones distintas. Mientras un consumidor normal hubiera pagado ¢2.318 millones, Inversiones Brancol desembolsó ¢1.319 millones, es decir, un 43% menos.
Jorge Barrantes Gamboa, quien se desempeñó como vicepresidente de Incopesca en el 2010 y presidió la Cámara de Pescadores Artesanales de Puntarenas, figura como el quinto mayor beneficiario. Barrantes se ahorró ¢700,6 millones por la compra de 2,8 millones de litros de combustible.
Además de las recientes investigaciones de La Nación que revelaron los subsidios aprovechados por Gilbert Bell, alias Macho Coca; Gerardo Hernández Mata; y Víctor Hugo Cruz Mata, otros casos trascendieron en años anteriores.
Este diario publicó en el 2007 que, de las 67 denuncias por pesca ilegal tramitadas en los Tribunales de Puntarenas, Incopesca confirmó que 17 de una muestra de 21 barcos acusados habían recibido combustible exonerado.
En octubre del 2014, La Nación determinó que los diez barcos pesqueros que más veces ingresaron de forma ilegal a la Isla del Coco, entre enero del 2012 y setiembre del 2014, lo hicieron con diésel subsidiado por Incopesca.
Pese a esto, el Incopesca negó que se le esté dando un mal uso al beneficio. La institución sostuvo que mediante dispositivos GPS se cerciora que los barcos cumplan con los requisitos desde que salen a trabajar en labores de pesca y hasta su regreso. La entidad negó tener conocimiento de que personas investigadas por narcotráfico o lavado de dinero estén recibiendo ese beneficio.
“No nos consta que esto esté sucediendo. Las investigaciones del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no fueron comunicadas a Incopesca. De igual manera, no existe ninguna notificación de parte de algún juez u otro funcionario que nos indique no brindar el servicio”, consignó la institución en un correo electrónico el 15 de noviembre.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública remitió a La Nación una lista de 835 embarcaciones detenidas por narcotráfico y por actividades asociadas a la pesca ilegal. En esta lista puede haber buques que también aprovecharon el beneficio estatal para adquirir gasolina, pues algunos cuentan con licencia comercial para pesca. Sin embargo, Seguridad no remitió las matrículas de las embarcaciones.
