El creciente uso de combustibles ya no solo en transporte sino también en generación eléctrica aleja al país de las metas de descarbonización que se había planteado para el 2050 y del cumplimiento de compromisos internacionales, advierte el Informe del Estado de la Nación. El estudio señala, por ejemplo, que el consumo energético creció 2,8% en 2023 y el uso de combustibles fósiles representó 69,4% del consumo final.
Desde el 2015, Costa Rica se comprometió junto a 192 países más y la Unión Europea a reducir sus emisiones de gases efecto invernadero (GEI) para limitar el aumento de la temperatura global a 2 °C. Para ello, presentó su contribución nacionalmente determinada (NDC, por sus siglas en inglés), o aporte para prevenir emisiones, ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y adoptó el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050.
Sin embargo, a pesar del compromiso, la economía está cada vez más “carbonizada”, es decir, más dependiente de los derivados de petróleo. Por ende, lanza más emisiones a la atmósfera que contribuyen a su calentamiento.
El país importó 23,8 millones de barriles de petróleo, 12,8% más que en 2022, lo que provocó un aumento estimado del 8,6% en las emisiones de gases de efecto invernadero.
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En forma paralela, la presencia del fenómeno El Niño afectó los patrones de lluvia y, por lo tanto, la generación hidroeléctrica. Como resultado, el aporte de ese energía limpia disminuyó 12,8% a inicios del 2024 , exponiendo al país al riesgo de racionamientos de electricidad.
Otra consecuencia de esas dinámicas ha sido un incremento en el uso de productos derivados del petróleo para generar electricidad. La participación de las fuentes térmicas pasó de representar menos de un 1% en promedio en el último quinquenio, a un 5% en el 2023.
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Por eso, señala el Estado de la Nación, persisten debilidades en la gestión ambiental que junto a nuevas amenazas globales, comprometen la sostenibilidad del y la capacidad de adaptación al cambio climático.
Según las cifras oficiales, entre mayo de 2023 y mayo del 2024, la producción de electricidad a partir de combustibles creció un 389% (ICE, 2024). Paralelamente, se observó una reducción en el peso de las fuentes geotérmica y eólica, y el aporte de la energía solar permaneció marginal.
Frente a esta tendencia, el Informe subraya la necesidad de una agenda ambiental de largo plazo, basada en evidencia científica y ejecutada con enfoque territorial y que involucre a distintos sectores. Insiste en que reducir emisiones y adaptarse al cambio climático requiere transformar patrones insostenibles en sectores como la producción agrícola y el uso y producción de energía, entre otros.
Sin una acción inmediata y coordinada, Costa Rica arriesga comprometer su seguridad ambiental, económica y social, advierte el Estado de la Nación, pues a la economía donde crece el uso de pétroleo, se suma el mpacto del aumento en el nivel del mar, temperaturas más altas y variaciones extremas en los patrones de precipitación.
Desde 2020, precisa el informe, la temperatura promedio en el territorio aumentó 1,4 °C, superando el promedio global de 1,3 °C. Estas condiciones climáticas agravan la exposición al riesgo, la pérdida de biodiversidad y los problemas en la gestión de recursos como el agua.
Esta combinación revela una “construcción social del riesgo”, es decir, condiciones estructurales que hacen a la población, la infraestructura y los ecosistemas menos vulnerables a desastres naturales.
Esta ausencia de medidas de adaptación se agrava con fenómenos como aumento de lluvias intensas, sequías prolongadas y eventos extremos que afectan sectores clave como la generación de energía.
En tal coyuntura, advierte el análisis, hay nuevas presiones para proveer servicios de acceso universal (suministro de agua y electricidad, por ejemplo) e impulsar el desarrollo humano.
