En la violencia vicaria hay más de una víctima, y todas ellas necesitan protección como sujetos de derechos y como familia. “Vienes o los mato”, le dijo su pareja a la madre de un crío de 2 años antes de asesinarlo a golpes
Para hablar sobre violencia machista vicaria, y poder actuar contra ella, es necesario comprender, antes de nada, que en la violencia vicaria hay más de una víctima. Que si la víctima principal es quien sufre el daño directo, la niña o el niño que son agredidos e incluso asesinados, esa realidad es compatible con que su madre también sea la principal dañada por esa agresión en la que el maltratador utiliza a las hijas e hijos de esta para golpearla en lo que más le duele para someterla, para castigarla, para destrozarle la vida. En la violencia vicaria hay más de una víctima, y todas ellas necesitan protección como sujetos de derechos y como familia. “Vienes o los mato”, le dijo su pareja a la madre de un crío de 2 años antes de asesinarlo a golpes.
Nos alarma que este año, y desde 2015, estemos ante la cifra más alta de niñas y niños asesinados por las parejas o exparejas de sus madres, en muchas ocasiones también padres de estas criaturas. Nueve. En cambio, no nos alarma que, precisamente, desde 2015 –año en que la ley recogió que las niñas y niños que viven en contextos familiares donde hay violencia de género sean reconocidos como víctimas de ella–, se ignore esa máxima protección que les otorga la ley porque apenas se conoce y se aplica por quienes tienen que actuar con la diligencia debida. Ni los servicios sociales, ni los centros de igualdad, ni los equipos psicosociales, ni los puntos de encuentro, ni fiscalía ni abogacía, ni jueces ni tribunales reconocen, a pesar de mandatarlo la ley, que las niñas y niños –hayan sido o no objeto de maltrato directo– son víctimas de violencia de género desde el momento en que viven en un hogar donde hay violencia machista contra sus madres.
Es tal la ausencia de enfoque de derechos de la infancia con perspectiva feminista en el abordaje de las violencias machistas que sufren las mujeres y sus hijas e hijos, que una década después solo es a través del término “violencia vicaria” (acuñado por Sonia Vaccaro) como nos acercamos ínfimamente al horror de la violencia de género que sufren las hijas e hijos de las mujeres víctimas, casi dos millones según los datos de la última macroencuesta. Por eso, la principal manera de luchar contra la violencia machista que sufren estas niñas y niños es dejar de invisibilizarlos, dejar de verlos como algo secundario al que solo se le presta atención cuando es asesinado.
Toda la violencia vicaria contra las y los hijos de las mujeres víctimas es violencia machista, pero no toda la violencia machista que sufren las y los niños en sus hogares es violencia vicaria. Urge que en los juzgados de violencia de género se empiece a incorporar a la causa a todas las víctimas del agresor machista, con la defensa legal de los intereses de cada una y de esa familia. Y hacerlo desde un enfoque de derechos humanos, desterrando cualquier idea patriarcal y franquista de que hay que proteger el vínculo del padre con sus hijos por encima de la vida de estos y de la mujer.
La semana pasada dos informes, unos del GREVIO y otro del Defensor del Pueblo, vuelven a señalar por enésima vez los fallos, estos sí, del sistema de protección a la infancia víctima de violencia machista y a sus madres. Los equipos psicosociales, los puntos de encuentro, la cuestionable figura del coordinador parental, la inadecuada determinación del interés superior a la hora de adoptar medidas de protección, la utilización de estereotipos machistas y adultocentristas por parte de quienes tienen que adoptar dichas medidas (en las denuncias, informes, resoluciones, etc.), la validación de argumentaciones como el SAP bajo otro tipo de expresiones, la deficiente formación de las y los profesionales de la abogacía que llevan estos temas guiados por sesgos y falta de conocimiento, la vulneración de los derechos de la infancia de forma continua por parte de la Fiscalía y los Tribunales… La lista coincide año tras año, la ausencia de compromiso de todos estos poderes públicos y sus agentes con los derechos humanos de la infancia también. La violencia institucional también es esto, negarle a un sujeto de derechos (niñas y niños) el tratamiento y reconocimiento de que los es.
Está claro que gracias a la expresión “violencia vicaria” como sociedad podemos empezar a comprender el patrón de crueldad que despliega un hombre sobre la mujer que maltrata, sobre “su mujer”, para golpearla haciendo daño a lo que más puede querer, sus hijas e hijos. Sin embargo, es necesario reclamar también, en ese grado de sensibilidad y concienciación que estamos pidiendo, que se dé un paso más para comprender que ese mismo patrón de crueldad también lo ejerce el hombre sobre las hijas e hijos de la mujer al golpear a su madre, que es lo que más pueden querer estas niñas y niños. Además, y esto ya se dijo en 1989, en un informe llamado Mujer Maltratada que «las consecuencias de la violencia contra la mujer en el ámbito doméstico (…) tiene consecuencias a largo plazo para el desarrollo de mujeres y niños y para la perpetración de nuevas violencias en el seno de la familia y la sociedad en general».
Si se quiere proteger a las niñas y niños frente a la violencia de género que viven ellos y sus madres, y dentro de esta protegerles de la violencia vicaria, empecemos por aplicar la ley de 2015 y la LOPIVI en tres aspectos básico: primero, reconociéndoles como víctimas de violencia de género desde el primer momento para que sean considerados como titulares de derechos de forma propia; evaluando y determinando su interés superior a la hora de adoptar las medidas de protección para ellos, y hacerlo con una metodología adecuada para contextos de violencia machista y con una motivación reforzada al tratarse de un derecho fundamental; y, por último, velando porque se respete su derecho a ser escuchado como un trámite de inexcusable cumplimiento, con todas las garantías necesarias y sin cuestionar su credibilidad desde la aplicación de sesgos de género, adultocentristas o interpretaciones basadas en el SAP (aunque no se use ese término).
Urge que, desde la prevención, la educación, la atención social y la respuesta institucional, penando en el próximo Pacto de Estado, se comprenda que solo garantizando los derechos de la infancia y de la adolescencia se podrá proteger más y mejor a las víctimas de la violencia de género en el ámbito familiar, a las mujeres y sus hijas e hijos. Hacer frente a la violencia machista patriarcal es defender que las mujeres son mucho más que esposas (y madres) y que las niñas y niños son mucho más que hijas e hijos del hombre. Ante la violencia machista, las niñas y niños son mucho más que objetos e instrumentos al servicio del hombre, son sujetos de sus derechos. Protegerlos es romper el ciclo que perpetúa la violencia, es romper la cadena de transmisión del mandato cruel de que el hombre decida cómo se vive y cómo se muere en “su” familia.
