La distancia en la manera de proceder contra la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, por una parte, y contra el exministro y su colaborador más próximo, por la otra, es tan enorme que hace dudar tanto de la primera como de la segunda
Tengo curiosidad por saber por qué, en los últimos días Koldo García y José luis Ábalos han pasado a un segundo plano tanto en la información que sobre ellos se publica en los medios de comunicación como en la actuación de los órganos judiciales que entienden de su conducta.
Desde la perspectiva de la investigación de una potencial conducta delictiva me resulta difícil de entender que la esposa y el hermano del presidente del Gobierno estén ocupando un lugar al que, ni de lejos, se aproximan el exministro y exsecretario de organización del PSOE y una persona de su máxima confianza.
No es necesario haber estudiado Derecho para darse cuenta de manera inmediata que la acusación contra la mujer y el hermano del presidente está cogida por los pelos. Sin el voluntarismo de los jueces que, en Madrid y en Badajoz, están entendiendo de la conducta de ambos, las denuncias por los delitos de los que se les acusa o no habrían sido admitidas a trámite o estarían ya archivadas.
No es así, porque el objetivo de quienes formularon las denuncias y, desgraciadamente, de los jueces que las admitieron a trámite y las están impulsando con una celeridad desconocida en nuestro sistema de administración de justicia no es la investigación de los potenciales actos delictivos de la esposa y el hermano del presidente, sino intentar descubrir si, en algún momento, se puede encontrar algún indicio que permita llegar al presidente del Gobierno y elevar una memoria razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, más para conseguir un escándalo político que para que se puedan iniciar acciones penales contra él.
Procesalmente, de momento, no es mucho lo que se ha conseguido. Pero, políticamente, sí está sirviendo para que aumente el ruido tanto en los Plenos del Congreso de los Diputados y el Senado como en los medios de comunicación. No se pueden acreditar judicialmente conductas delictivas, pero sí se puede proyectar la sombra de corrupción sobre el presidente del Gobierno a partir de dicha no acreditación por el simple hecho de que están residenciadas ante órganos judiciales. ¿Algo habrá, cuando han sido admitidas a trámite y no han sido archivadas? Esta es la única justificación objetiva y razonable de la persecución judicial de la que están siendo objeto.
También está sirviendo para conseguir que el presidente del Gobierno tenga que desempeñar la tarea que tiene constitucionalmente encomendada, que no es otra que la dirección política del país (art. 97 de la Constitución), en unas condiciones muy dolorosas. Que tu esposa y tu hermano tengan que pagar el precio que están pagando nada más que por el hecho de serlo, me imagino que tiene que ser muy difícil de soportar.
Y mientras tanto apenas se mueve la investigación sobre el exministro y exsecretario de organización del PSOE y sobre su colaborador más inmediato. ¿Puede ser un indicio de que tampoco es tanta la prueba de actuación delictiva de que se dispone sobre ellos y que es poca la rentabilidad política que se puede obtener de la misma?
La distancia en la manera de proceder contra la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, por una parte, y contra el exministro y exsecretario de organización del PSOE y su colaborador más próximo, por la otra, es tan enorme que hace dudar tanto de la primera como de la segunda.
Da toda la impresión de que la dirección del PP ha llegado a la conclusión de que la eventual condena de Ábalos y Koldo no tendrá tanta entidad como para afectar al Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Incluso de que no llegará a cubrir las expectativas que ellos mismos han generado. Y que, en consecuencia, es poco el rendimiento político inmediato que pueden alcanzar con las mismas.
De ahí la ausencia de prisa en la tramitación de la denuncia. ¿No cabría la posibilidad de que el coste político de una eventual condena a Ábalos y Koldo acabe siendo mayor para Alberto Núñez Feijóo que para Pedro Sánchez? ¿Qué podrá deducir la opinión pública cuando se conozca la sentencia contra Ábalos y se la compare con las sentencias de Rodrigo Rato, Eduardo Zaplana, Jaume Matas, Luis Bárcenas y un largo etcétera?
Y, mientras tanto, Mazón sin dimitir.
