El nuevo Gobierno de Trump tendrá que elegir entre intentar derrocar a Maduro de nuevo o adoptar una posición más pragmática y aceptar las presiones de las petroleras para seguir explotando los recursos
Donald Trump fue uno de los principales pilares de la ‘Operación Juan Guaidó’, puesta en marcha en enero de 2019 para derrocar a Nicolás Maduro. Dicha operación se estrelló meses después con un conato de alzamiento militar secundado por el magnate.
El nuevo Gobierno de Trump tendrá que elegir ahora entre lanzar un nuevo intento para derrocar a Maduro o adoptar una política más pragmática que permita a las empresas estadounidenses seguir explotando el petróleo venezolano y que intente frenar el éxodo migratorio aliviando el efecto de las sanciones sobre la población civil.
Durante su mandato anterior, Trump ya recibió avisos y solicitudes de miembros del Gobierno y de empresarios petroleros estadounidenses sobre las consecuencias de su política y apostando por el pragmatismo y la negociación. Esta semana, The Wall Street Journal ha publicado una información asegurando que empresarios del petróleo están presionando de nuevo a Trump para que cambie la dirección de su política con Venezuela en este segundo mandato.
Chevron, por ejemplo, juega un papel fundamental en la economía venezolana. La petrolera estadounidense genera alrededor del 20% de las exportaciones nacionales de crudo y el 31% de todo el ingreso por petróleo del Gobierno, según decía Asdrúbal Oliveros, presidenta de la consultora financiera venezolana Ecoanalítica, en declaraciones a The Wall Street Journal.
El presidente Maduro se ha mostrado abierto a reiniciar las relaciones entre ambos: “En su primer Gobierno, presidente reelecto Donald Trump, no nos fue bien. Este es un nuevo comienzo, para que apostemos a ganar-ganar”, declaró poco después de las elecciones de Estados Unidos.
“Hay dos direcciones en las que podría ir la política de Trump en Venezuela: la primera es una continuación de sus políticas duras de cambio de régimen que aplicó en su primer mandato y la segunda sería buscar un acuerdo negociado con el objetivo de reducir la migración y ganar más petróleo”, dice a elDiario.es Michael Paarlberg, exasesor de Bernie Sanders para América Latina e investigador asociado del think tank progresista Institute for Policy Studies.
“Lo lógico, y viendo los nombramientos que ha hecho como el consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y el secretario de Estado, Marco Rubio, es esperar una línea dura. Se supone que van a endurecer las sanciones”, explica a elDiario.es Anna Ayuso, investigadora sénior del think tank CIDOB especializada en América Latina. Rubio fue uno de los principales impulsores de la Operación Guaidó en 2019. El senador se reunió con Trump tan solo un día antes de la autoproclamación de Guaidó y afirmó: “Mañana será un día muy bueno para la democracia y el orden constitucional en Venezuela”.
“Por otro lado, las empresas petroleras tienen mucha influencia con Trump y en ese sentido pueden buscar ganar tiempo para mantener el negocio. Habrá un equilibrio entre una posición dura y el pragmatismo realista que en parte también tiene Trump. Otra cosa es Cuba y Nicaragua, donde [la política de confrontación] sale gratis”, añade Ayuso. “La retórica será dura, pero habrá que ver cómo se traduce eso”, concluye.
Las sanciones de Trump en su primer mandato asfixiaron la economía venezolana, que sufrió una contracción del 19,7%, 27,7% y 30% en 2018, 2019 y 2020 respectivamente. Sin embargo, cuando Biden alivió las sanciones en 2022, la economía venezolana creció un 6%. Los economistas Jeffrey Sachs y Mark Weisbrot calificaron esta ronda de sanciones como un “castigo colectivo ilegal contra la población civil”. “Las sanciones redujeron la ingesta calórica de la población, aumentaron las enfermedades y la mortalidad (tanto de adultos como de y niños) y desplazaron a millones de venezolanos que huyeron del país debido al empeoramiento de la depresión económica y la hiperinflación”, escribieron.
“En la primera Administración Trump era impensable imaginarse un acuerdo negociado. Sin embargo, el fracaso de la estrategia de máxima presión para expulsar a Maduro ha abierto más espacio político, incluido en la Administración Trump, para considerar una negociación”, dice Paarlberg.
Biden cambió la estrategia y alivió las sanciones a cambio de que Maduro permitiese unas elecciones libres y justas en 2024 en el conocido como Acuerdo de Barbados. Pese a lo firmado, el Gobierno de EEUU consideró que Maduro no estaba cumpliendo sus compromisos —inhabilitó a la principal candidata opositora, María Corina Machado— y volvió a imponer muchas de esas sanciones en abril de 2024. Sin embargo, una excepción permite al Gobierno decidir si una empresa puede seguir trabajando en el país, como es el caso actual de Chevron.
Tras las polémicas elecciones de 2024 en las que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela declaró ganador a Maduro pese a las dudas en el recuento, las críticas de los observadores electorales y la falta de transparencia con las actas, Chevron volvió a contactar con la Casa Blanca de Biden, alegando que era crucial que siguiesen permitiendo el trabajo de la petrolera en el país sudamericano —en parte para combatir la presencia de rivales geopolíticos como China y Rusia—.
“Durante la administración Trump fui Representante Especial para Venezuela en el Departamento de Estado. Chevron también nos presionó entonces; de hecho, su CEO se reunió con nosotros tres veces en 2019 y 2020, si no recuerdo mal. Chevron presentó los mismos argumentos y nosotros los rechazamos por poco convincentes. Producir más en Venezuela bajo el régimen de Maduro puede servir a los intereses de Chevron, pero no a Estados Unidos”, escribía hace unas semanas Elliot Abrams en el think tank Council on Foreign Relations.
Abrams, condenado en 1991 por el caso Irán-Contra, en el que EEUU vendió ilegalmente armas a Irán y utilizó el dinero para financiar a la guerrilla que luchaba contra el gobierno sandinista en Nicaragua, aboga ahora por recuperar la totalidad de las sanciones.
“Aunque la toma de posesión de Trump y Maduro será prácticamente a la vez, cuando el presidente de EEUU asuma el cargo, el venezolano ya será presidente, lo que favorece a Maduro porque no habrá una reacción inmediata [del Gobierno Trump]”, dice Ayuso. La ‘Operación Guaidó’ se desencadenó durante la anterior toma de posesión del presidente venezolano, en el poder desde 2013.
A nivel interno, Trump ha prometido ejecutar la mayor deportación de migrantes de la historia. Cuando impuso las nuevas sanciones contra Venezuela a partir de 2017, miembros de su Gobierno le advirtieron que ello podría provocar el colapso de la economía e impulsar un éxodo de millones de personas.
El Gobierno venezolano cree que facilitando la oferta de petróleo y aceptando vuelos de deportación —que ya se convirtió en una herramienta de negociación con Biden—, Maduro puede conseguir arrastrar a Trump a una posición más pragmática, según han informado a The Wall Street Journal fuentes cercanas al Gobierno. Cerca de 8 millones de venezolanos han salido del país y alrededor de 700.000 han ido a EEUU.
Ayuso recuerda que “el incremento en el voto latino a Trump ha venido en parte de estos sectores y si Trump no responde puede haber un nuevo cambio de voto”. “Todo eso favorece a que Trump endurezca un poco la posición respecto a Venezuela”.
Sin embargo, Paarlberg considera que el cambio en el voto latino abre la puerta precisamente a una negociación con el Gobierno de Maduro. “Florida ya no es un estado clave, sino republicano, y Trump no teme perderlo”, lo que le permite suavizar su política anterior, sostiene.
