Las deportaciones masivas de inmigrantes ilegales han comenzado a generar preocupación y controversia en Estados Unidos. Bajo la administración de Joe Biden y Kamala Harris, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado sus esfuerzos para deportar a inmigrantes sin estatus legal en el territorio americano.
Este cambio en la política migratoria se ha acelerado tras el fin del Título 42, una norma de salud pública que había permitido expulsiones rápidas de inmigrantes durante la pandemia. Ahora, con la expiración de esta medida, las deportaciones han aumentado considerablemente, y varios países de América Latina han recibido a miles de migrantes expulsados desde la frontera sur de EE. UU.
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Entre el 16 y el 20 de septiembre de 2024, las autoridades estadounidenses realizaron un operativo coordinado para deportar a inmigrantes irregulares hacia 5 países de América Latina. Estos operativos de deportación fueron realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en colaboración con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Los países que recibieron los vuelos de deportación fueron:
Este incremento en las deportaciones masivas se enmarca dentro de los esfuerzos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para mantener el control de la situación migratoria y gestionar de manera más eficiente los flujos de personas que ingresan ilegalmente al país.
El Título 42 fue una política de salud pública implementada por el Gobierno de Donald Trump en 2020. Esta iniciativa permitía la expulsión inmediata de inmigrantes que cruzaban la frontera sur de Estados Unidos, desde México o Canadá sin pasar por los procedimientos regulares de asilo. Esta medida fue diseñada para frenar la propagación del COVID-19, pero su aplicación fue controvertida, especialmente porque también afectaba a solicitantes de asilo que huían de situaciones de violencia o persecución en sus países de origen.
Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, el Título 42 se suspendió parcialmente en mayo de 2023. Esto generó un aumento de deportaciones y repatriaciones. Desde esa fecha, más de 742.000 personas han sido deportadas, superando las cifras de deportación de años fiscales anteriores. Aunque la medida se detuvo, las políticas de inmigración siguen siendo estrictas, y la expulsión de inmigrantes continúa siendo un tema de debate.
