Este año celebramos el 75.º aniversario de la Constitución Política de Costa Rica, documento que es el eje central de nuestra democracia y la base de nuestra estabilidad como nación.
Este hito nos invita a reflexionar no solo sobre su impacto histórico, sino también sobre su capacidad para responder a los desafíos del presente y del futuro.
Si bien es justo reconocer sus logros, limitarse a aplaudirlos sería insuficiente. Este aniversario debe ser una oportunidad para evaluar críticamente su vigencia y proponer las reformas necesarias que la mantengan como un instrumento de progreso y justicia para las próximas generaciones.
La Constitución de 1949 es, sin lugar a duda, un pilar fundamental en la historia costarricense. Surgió en un contexto de transformación política y social, marcado por los conflictos de 1948 y el compromiso de evitar su repetición.
En ella se consolidaron principios revolucionarios que definieron nuestra identidad como nación: la democracia, el orden, la seguridad, la paz, la justicia y el bien común.
Además, su promulgación permitió avances trascendentales: la abolición del ejército, la consolidación de los derechos sociales y la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, las instituciones autónomas y el Servicio Civil.
Estas bases son esenciales para garantizar la estabilidad política, incluso en tiempos de crisis.
A pesar de su éxito, el paso del tiempo evidencia limitaciones. Así como una casa necesita renovaciones periódicas para seguir siendo habitable, la Constitución requiere ajustes para adaptarse a las necesidades, principios y valores de los tiempos actuales.
Con la misma admiración con que celebramos su aniversario, debemos insistir en la importancia de actualizarla para enfrentar los retos contemporáneos.
Entre muchas reformas, a modo de ejemplo, cito las siguientes:
Regular el financiamiento y la creación de partidos políticos, entre otros aspectos, para evitar que recursos provenientes del crimen organizado contaminen las instituciones y el funcionamiento de nuestra democracia.
Revisar las competencias entre los poderes del Estado para hacerlos más eficientes, eficaces y transparentes.
Matizar el sistema presidencialista, con algunas instituciones del parlamentarismo, con el fin de acentuar la función de control político, la rendición de cuentas y evaluación de resultados.
Reformar las instituciones autónomas a fin de que prioricen el profesionalismo y la técnica, y evitar la politización de sus juntas directivas.
Separar las funciones del presidente y los ministros para garantizar una evaluación objetiva de resultados.
Reformar el sistema y período de elección de los diputados, magistrados y contralor con el fin de asegurar una mejor representación territorial y funcionamiento de los poderes públicos.
Designar un gerente general o director administrativo para que la Corte Suprema recupere su enfoque exclusivo en la justicia.
Crear el Consejo Superior de la Judicatura para que se encargue del nombramiento y disciplina de los jueces, también con el fin de concentrar a los magistrados en funciones jurisdiccionales.
Convertir la Contraloría General de la República en un órgano colegiado gobernado por tres personas, dado el impacto de sus decisiones.
Independizar la Sala Constitucional del Poder Judicial y redefinir sus competencias.
Abordar la sobrecarga de este tribunal con el propósito de asegurar que los magistrados asuman un papel más activo en la resolución de los casos.
Crear un capítulo específico sobre obligaciones ciudadanas con la idea de equilibrar el compromiso cívico con los derechos que ya se consagran en el texto.
Celebrar 75 años de la Constitución Política de Costa Rica es motivo de orgullo. Sin embargo, este hito no puede limitarse a una mirada al pasado; debe traducirse en un compromiso con el futuro.
La Constitución de 1949 fue visionaria en su momento, pero necesita evolucionar para responder a un mundo en constante cambio.
En suma, el mejor homenaje que podemos rendirle a nuestra carta magna es adaptarla a las necesidades del presente y del futuro, para que continúe siendo un documento vivo, capaz de guiar a Costa Rica hacia la justicia, la igualdad y el desarrollo sostenible.
Este aniversario debe marcar el inicio de un proceso de renovación que asegure a la Constitución su lugar como brújula de nuestra democracia en los siglos venideros.
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Alex Solís Fallas es abogado constitucionalista.
